Política y Sociedad

Las ayudas a la dependencia, en la cuerda floja por la insuficiencia financiera

Así como la Sanidad Pública aparece como intocable en el proyecto electoral del PP, la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, conocida como “Ley de Dependencia”, que fue aprobada en 2006 con el apoyo de todos los grupos políticos, se ahoga por falta de financiación. De diferente desarrollo en las distintas comunidades autónomas y constantes frustraciones de ciudadanos frente a las expectativas creadas, es ahora el candidato popular, Mariano Rajoy, el que pone adjetivo a la situación: “La ley de dependencia es inviable”, declaró este jueves en sendas entrevistas a EL PAÍS y la Cadena SER. Para el presidente popular, lo es, al menos, en los términos actuales, porque considera que en estos momentos los españoles sólo se pueden permitir un estado de bienestar acorde a su economía.

 

Gasto social en Europa

 

Mariano Rajoy
Mariano Rajoy

Un informe, hecho público el miércoles por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública de Galicia, admite que la Ley de Dependencia “tiene una financiación incierta porque nació sin que tuviera asegurada una fuente de financiación y corre a cargo del Estado Central, las CCAA y los usuarios (15-25%)”; pero también hace notar que el gasto social en España representa el 24,7% del PIB frente al 30,6% de los países de la Unión Europea desarrollada (UE-15). De la misma forma, el porcentaje de la población que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar es el 9% frente al 15% de la UE, “lo que nos coloca a la cola de la Europa desarrollada”.

 

La FASDP denuncia recortes de hasta el 85% en las subvenciones que concedían los ayuntamientos de Galicia para el servicio de ayuda en el hogar. Según sus datos, la mayor tasa de discapacidad del Estado se da en Galicia (112,9 por mil habitantes), seguida de Extremadura (109,9). La Rioja presenta la tasa más baja junto con Cantabria (61,6 y 70,0 por mil habitantes respectivamente). Esta asociación sitúa a Galicia en los últimos lugares en la implantación de los servicios de dependencia, con un 1,1% de beneficiarios atendidos sobre el total de población, cifra inferior a la media del Estado (1,34%) a pesar de ser una de las CCAA con población más envejecida y por tanto más necesitada de estos servicios.

 

Informe de Sanidad al Consejo de Ministros

 

Este mismo mes, el día 4 de noviembre, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, presentó al Consejo de Ministros una evaluación de la ley desde su puesta en práctica en 2007, que en octubre había beneficiado a 739.949 las personas con un total 911.050 prestaciones reconocidas.

 

Según este informe, un 80,7% de las personas beneficiarias encuestadas consideraba positiva o muy positiva la protección a la dependencia, con una valoración media de notable. En cuanto a los servicios y prestaciones del sistema, el 78% de los beneficiarios y beneficiarias les dan la calificación de buenos o muy buenos con una puntuación media de notable. También un 82,8% de los cuidadores y cuidadoras mostraban una valoración positiva. En 2010, el gasto corriente total en atención a la dependencia se situó en 6.767 millones de euros, según el Ministerio y atendiendo al indicador de gasto por habitante mayor de 80 años, éste se situaba en 2009 en 866 euros. En 2010, este mismo gasto aumentó hasta llegar a los 1.434 euros, lo que supone un incremento del 65.64%. Y lo mismo ha ocurrido con el gasto por habitante: en 2009 era de 75 euros y en 2010, 113 euros; es decir, un incremento del 50,66%.

 

Aportación del Estado y las CCAA

 

En 2009, la Administración General del Estado (AGE) financió el 47% del gasto total en atención a la dependencia, aportando 2.299 millones de euros del coste total, estimado en 4.848 millones. En 2010, la AGE aportó 2.625 millones de euros a la financiación del gasto global en dependencia, lo que representó un 39% del total de 6.767 millones.

 

Por lo que se refiere al gasto “nuevo neto”, que comprende las aportaciones de las administraciones públicas sin tomar en consideración las aportaciones de las personas beneficiarias, según el ministerio, en 2010 se habría casi alcanzado el equilibrio financiero marcado por la ley, con un porcentaje de participación del 54% por parte de la AGE y del 46% por las Comunidades Autónomas, aunque esta meta no se había logrado en el 2009, siendo mucho mayor la aportación de la AGE. No obstante, debe puntualizarse que, de computar la aportación del Plan E, y las cuotas de Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales, la aportación de la AGE se vería incrementada de manera importante.

 

En Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia, la aportación de la AGE al coste nuevo de la LAPAD supera el 70%.

 

Nuevo sistema de financiación

 

La ley también ha tenido impacto en el empleo. Sanidad calcula que los empleos generados en relación con la atención a la dependencia durante 2009 y 2010 ascienden a 123.0000 directos y 42.000 indirectos, contribuyendo por tanto a la reducción de la tasa de paro. En cuanto a los retornos fiscales, un 19,70% de los gastos que supone la ley de dependencia se han recuperado a través de retornos fiscales de diferente naturaleza. En concreto, esta tasa de retorno supone que se han recuperado veinte céntimos por cada euro invertido en la atención a la dependencia.

 

El informe de la ministra Pajín reflejaba todavía una evolución desigual de la aplicación de la Ley por parte de las Comunidades Autónomas, ante lo que planteó nuevas medidas dirigidas a avanzar en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos vivan donde vivan. Entre ellas, un sistema de financiación que garantice el cumplimiento de la ley y su sostenibilidad en el futuro.

 

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