Política y Sociedad

LAS AUTORIDADES SANITARIAS PUEDEN INCENTIVAR A LOS MÉDICOS PARA PROMOVER LA PRESCRICIÓN DE MEDICAMENTOS MÁS BARATOS

Aunque la Directiva sobre medicamentos para uso humano (Directiva 2001/83/CE) prohibe, en el marco de la promoción de los medicamentos a los médicos o farmacéuticos, otorgar, ofrecer o prometer a éstos ventajas pecuniarias o en especie, las autoridades nacionales responsables de la salud pública en Inglaterra y en el País de Gales establecieron un sistema de incentivos económicos para que los médicos prescriban a sus pacientes medicamentos menos caros que otros pertenecientes a la misma clase terapéutica, incluso eligiendo un medicamento menos caro cuya sustancia activa sea distinta, situación especialmente puesta de manifiesto en la prescripción de estatinas.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia observa que la prohibición de la Directiva afecta principalmente a las actividades de promoción de la industria farmacéutica e intenta impedir prácticas promocionales que puedan alentar a los médicos con un interés económico al prescribir medicamentos. En cambio, dicha prohibición no afecta a las autoridades nacionales responsables de la salud pública, que están encargadas de velar por la aplicación de la Directiva y de definir las prioridades de acción de la política de salud pública, en especial en lo que atañe a la racionalización de los gastos públicos asignados a esa política.

Incentivación no lucrativa

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la política de salud definida por un Estado miembro y los gastos públicos en dicho ámbito no persiguen ningún fin lucrativo ni comercial. Por tanto, el sistema de incentivos económicos examinado, que forma parte de dicha política, no puede considerarse dirigido a la promoción comercial de los medicamentos. Además, en el caso de este sistema, no puede advertirse un riesgo para la salud pública dado que las autoridades públicas controlan de forma constante el valor terapéutico de los medicamentos propugnados.

El fallo final del Tribunal de Justicia dice textualmente: ‘El artículo 94, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a sistemas de incentivos económicos, como el controvertido en el litigio principal, aplicados por las autoridades nacionales responsables de la salud pública a fin de reducir sus gastos en la materia y tendentes a favorecer, a efectos del tratamiento de ciertas patologías, la prescripción por los médicos de medicamentos específicamente designados y que contienen una sustancia activa diferente de la del medicamento que se había prescrito anteriormente o que se habría podido prescribir de no existir tal sistema de incentivos’.

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