Política y Sociedad Según el Auto del Juez Instructor en la querella de la Junta Directiva

El Instructor pide procesar a López Arribas por un posible delito de prevaricación continua

Sonia López Arribas

Sonia López Arribas

El Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid ha dictado un auto para que prosiga el proceso por la querella presentada contra la presidenta del Colegio de Médicos (Icomem), Sonia López Arribas, al considerar que pudo haber cometido una delito continuado de prevaricación al haberse negado de forma reiterada a cumplir los acuerdos de la Junta Directiva.

El auto del Juzgado de Instrucción, con fecha de 17 de febrero, asegura que se han practicado todas y cuantas diligencias se consideran suficientes para la instrucción e investigación de los hechos, y advierte que éstos pueden ser constitutivos  de infracción penal. Y es que, según pone de manifiesto más adelante, de “la numerosísima documental unida a la causa, la testifical practicada y, por supuesto, la declaración de la querellada, se consideran suficientes para adoptar esta resolución dada la naturaleza esencialmente jurídica y valorativa de los hechos ocurridos y de su trascendencia jurídica”.

Incumplimiento manifiesto

De acuerdo con el texto del auto, “aparece indiciariamente acreditado que la querellada Sonia López Arribas, a la sazón Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, pese a conocer la existencia de diferentes informes jurídicos y económicos, pese a su obligación de conocer el contenido de los Estados que rigen la corporación que preside y pese, incluso, a existir una resolución judicial, del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que confirmaba la interpretación de dichos informes en relación con dichos estatutos, se negó reiteradamente a realizar actos debidos en su condición de presidenta de la corporación; así, entre otros muchos, se negó a realizar numerosísimos pagos acordados por la junta directiva de la corporación, negándose también a firmar diferentes convenios también aprobados por dicha junta directiva. Para negarse a ello la denunciada alegó reiteradamente dos tipos de argumentos: primero, que los pagos acordados por la junta directiva no estaba presupuestados no pudiéndose hacer por lo tanto; segundo, que era su derecho negarse a la firma al ser la titular de la corporación”.

Ambos argumentos son rechazados por el juez instructor que, entre otras cosas, entiende  que “tampoco parece razonable la negativa a actuar por parte de la denunciada al amparo de ser ella la titular de la corporación, pues se trata de un órgano colectivo colegiado al que ella representa como presidente, pero al que se debe, siendo así que debe permitir, está obligada a ello, ejecutar las resoluciones que del mismo emanen. Contrariamente a ello, la querellada ha llevado a cabo una continua actitud obstructiva del actuar de la corporación, negándose reiteradamente a ejecutar los acuerdos sociales…”

Obligación de la presidenta

Más adelante, el instructor entiende que “los estatutos vigentes obligaban a la denunciada a una actuación positiva, a la ejecución de los acuerdos del órganos colegiado que presidía; al no hacerlo incumplió flagrantemente su obligación, perjudicando el correcto funcionamiento de la institución”.

Asimismo, en el auto se dice que, a la vista de los hechos, “aparece indiciariamente acreditado que la querellada se pudo colocar en una voluntaria, consciente y aparentamente no justificada situación de rebeldía u obstrucción frente a los repetidos acuerdos de la corporación que presidía y a la que, como órgano colegiado que es, se debía, dejando de realizar los actos reglados y necesarios a los que estaba obligada”. En este punto, el instructor apunta a la prevaricación por omisión, pues por tal se entiende cualquier comportamiento que suponga la dejación de la realización de un trámite por quien tiene la obligación de cumplimentarlo.

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