Derecho Sanitario Centrada en el consentimiento por representación

La OMC actualiza su Declaración sobre asistencia médica al menor cuando es rechazada la terapia

— Madrid 17 May, 2016 - 5:49 pm

La Comisión Central de Deontología (CCD) de la Organización Médica Colegial (OMC), a colación de la reciente entrada en vigor de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, ha actualizado la Declaración sobre la asistencia médica al menor maduro en situaciones de rechazo al tratamiento.

Según expone el mencionado órgano, la citada Declaración de nuevo cuño tiene como principal novedad el hecho de que «se centra en el consentimiento por representación y en cuál debe ser la actuación legal y deontológica del médico en este tipo de casos». De esta manera se renueva la realizada en enero de 2015.

«Hasta la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de 2015, el menor de 16 años no necesitaba consentimiento por representación y, en situaciones de riesgo, se informaba a los padres, pero decidía el menor», continúa la CCD de la OMC, que fue respaldada por la Asamblea General celebrada el sábado, 14 de mayo.

La Ley de Protección de la Infancia «modifica varias leyes»

A juicio de la Comisión, «esta nueva legislación modifica varias leyes, entre ellas el Código Penal y la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información». «Ahora, para el consentimiento por representación cuando la asistencia al menor sea de riesgo, el médico debe informar al menor, pero el consentimiento lo darán los que tengan la patria potestad o tutela legal», explica al tiempo que señala que «si su decisión no es favorable al beneficio de la vida o salud del paciente, el facultativo deberá comunicarlo a la autoridad judicial».

La Declaración «deja claro que el consentimiento por representación, tanto en la patria potestad como en la tutela legal o de hecho, vendrá limitado por el interés del bien del representado y debe adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente y con respeto a su dignidad personal», prosigue la CCD, que añade que «en caso contrario, el médico deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que se adopte la resolución correspondiente, respondiendo así a la disposición final segunda de esta Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia».

En este contexto, la Comisión explica que «si concurre una situación de urgencia, aun sin la autorización judicial, el médico deberá adoptar las medidas necesarias por las causas de justificación de cumplimiento del deber o de estado de necesidad justificante». «El médico deberá acompañar, junto con la denuncia de los hechos, un informe detallado de las razones por las cuales se opone a la decisión del menor y/o representante legal, cuales son los riesgos a los que se expone el paciente de seguir los dictados de los menores y/o sus representantes legales y cuáles son, a su juicio, las medidas a adoptar para finalmente quedar a disposición judicial para las aclaraciones que considere pertinentes», declara.

Recomendaciones

«Tras unas consideraciones generales sobre el concepto del menor maduro, la valoración del grado de madurez del menor, el propio concepto de consentimiento informado y consentimiento por representación, así como la intervención del menor en la toma de decisiones, la CCD hace una serie de recomendaciones para la práctica médico asistencial siguiendo criterios de edad del menor, su grado de capacidad y la diversidad de cuadros clínicos», explica la misma.

A juicio de este órgano de la OMC, «menores de 12 años, menores entre 12 y 16, menores entre 16 y 18 son los grupos que la Declaración aborda cuál debe ser la actuación de los médicos, desde determinados supuestos de características del cuadro clínico y del consentimiento de los menores y/o representantes legales».

«A estos grupos, la Declaración hace una consideración especial de dos supuestos clínicos: en casos de la asistencia médica a hijos menores de matrimonios separados, en la que la Declaración distingue entre actos médicos ordinarios de aquellos que son extraordinarios y el consentimiento de menores ante tratamientos de cirugía estética y/o plástica», concluye la Comisión.

 

 

 

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