Política y Sociedad

La Ministra de Sanidad también cree en un Consejo Interterritorial “ejecutivo y fiscalizable”

 

Leire Pajín
Leire Pajín

Al parecer, todos están de acuerdo, políticos y profesionales, en dotar de un mayor poder ejecutivo a la reunión de responsables autonómicos en el seno del Consejo Interterritorial del SNS. Pero los argumentos no son los mismos. Si la responsable de Sanidad del PP, Ana Pastor, lo defiende para conseguir mayor cohesión y coordinación del sistema, sin que de momento haya concretado la fórmula, de las palabras pronunciadas este jueves por la ministra Leire Pajín en el Foro de Nueva Economía se desprende una crítica a la actuación de las autonomías en la administración de los recursos presupuestarios, que reclama corregir.

 

Cumplimiento de los gobiernos autonómicos

 

“En mi año como ministra he comprobado que la mayoría de los miembros del Consejo Interterritorial de Sanidad tienen y hacen propuestas eficaces para abordar los retos de la realidad sanitaria de sus territorios. Otra cosa es que todos, y siempre, lo cumplan después. Precisamente por eso, creo que el Consejo Interterritorial de Sanidad debe crecer, debe subir de categoría. Sus decisiones deben ser más vinculantes y más fiscalizables”, manifestó la ministra. Leire Pajín cree que los gobiernos autonómicos deben de retratarse ante los ciudadanos con más compromiso. “La ciudadanía debe saber lo que sus gobiernos autonómicos deciden y acuerdan en materia de sanidad, pero también deben saber y conocer qué Gobiernos cumplen y los que no”, añadió.

 

El destino de ingresos y ahorros

 

Porque, en opinión de la titular de Sanidad y cabeza de lista del PSOE por Alicante, las comunidades no han destinado a la asistencia sanitaria unos ahorros aportados por el Gobierno, que cifró en torno a los 15.000 millones de euros, entre los ingresos adicionales acordados tras las Conferencias de Presidentes y las medidas de ahorro farmacéutico. “Entre la financiación adicional para sanidad y los ahorros conseguidos hasta la fecha, nuestra sanidad debería estar en una situación radicalmente diferente. La pregunta es: ¿Cómo explicar que más de 15.000 millones de euros adicionales entre ahorro y financiación resulten no ser suficientes? Desde mi punto de vista, la explicación es bastante sencilla: los recursos adicionales y los ahorros de la sanidad no han terminado en los presupuestos de las Consejerías de Sanidad. Esa es una situación que, en mi opinión, debe tener fin”, afirmó.

 

Responsabilidad con los proveedores

 

En este sentido, la ministra reclamó a las comunidades autónomas el cumplimiento de sus obligaciones con los proveedores y rechazó que la crisis económica que vive España deba de traducirse en discusiones sobre la sostenibilidad del actual Estado de Bienestar, “porque cada vez es más compartida la idea de que el mantenimiento del Estado de Bienestar tiene una rentabilidad para el futuro de su sistema productivo, financiero, e incluso comercial. El Estado de bienestar no es derrochador, aunque pueda y deba mejorar su eficiencia”, admitió.

 

La salud no es un bien privado

 

Los datos que aportó Pajín muestran que la sanidad española cuesta aproximadamente 1.400 euros por persona y año frente a una media europea de 2.100. En Francia supera los 2.500 y en Inglaterra les cuesta 2.100. Por ello entendió que un Sistema Nacional de Salud, considerado entre los mejores del mundo, con una inversión pública en torno al 6,5% del PIB, -dos puntos menos que los países de nuestro entorno- “no es derrochador, sino eficaz”. Por este motivo, dijo no compartir los recortes que lleva a cabo la sanidad de Cataluña, al entender que “la salud no es un bien privado, sino que depende de dónde uno vive, del acceso a los alimentos, de los recursos sociales de que dispone, e incluso, hasta del agua que bebe”. De la misma forma, rechazó las dificultades para que unos ciudadanos sean atendidos en comunidades distintas a las que habitan. Según contó, el Ministerio se está ofreciendo de mediador para que las comunidades puedan establecer acuerdos bilaterales al respecto.

 

Incumplimientos en dependencia

 

En cuanto al cumplimiento de la Ley de Dependencia, la ministra Pajín también tuvo recriminaciones para los gobiernos autonómicos, y en concreto para la Generalidad valenciana. “Si pusiéramos como ejemplo la Comunidad Valenciana, veríamos que es una de las comunidades que menos esfuerzo ha hecho en el desarrollo. Y no lo digo yo, que lo digo con tristeza, lo dicen los datos; no sólo porque tiene un grado de cumplimiento muy por debajo de la media, -el 0,85% cuando la media está en 1,57%-, o como en Andalucía que está en el 2,30%,, sino porque apenas han invertido en inversión nueva en este último año”.

 

 

 

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