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La manipulación de la eutanasia. Réplica al doctor Montes

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El reciente artículo firmado por Luis Montes y Carlos Barra ha suscitado la siguiente réplica de María Alonso, médico de Familia e integrante del Área de Medicina de Profesionales por la Ética, que cuestiona los planteamientos de los anteriores, no sólo desde el punto de vista de la éitca, sino incluso con los datos disponibles en donde la eutanasia y el suicidio asistido está legislado.

El artículo publicado por el doctor Montes en Acta Sanitaria (24/5/2013) pone el acento en el derecho a la autonomía hasta el punto de considerar que, si un paciente indica que su vida no merece ser vivida, por el respeto a esa persona los médicos deben ayudarle a morir como parte de sus funciones asistenciales; sin embargo, este tipo de “actividades” no constituyen actos propiamente médicos y son contrarios a la deontología profesional, al atentar directamente contra la vida de las personas.

 

Es una manipulación indicar que la Ley de Autonomía del Paciente refleja la posición que se sostiene en dicho artículo. Esta Ley considera que la atención al final de la vida debe ser similar a lo que se hace ante pacientes que solicitan cuestiones inadecuadas o contraindicadas en la práctica clínica, y por la especial sensibilidad de esta etapa, lo delimita indicando que no todas las instrucciones previas de los pacientes pueden ser aceptadas, estableciendo con claridad límites a las mismas (art. 11.3 : “no se atenderán instrucciones previas que sean contrarias al ordenamiento jurídico y a la lex artis”). Por cierto, el anteproyecto de ley nacional que afortunadamente fue paralizado en 2011 por su claro tinte eutanásico, preveía derogar este trascendental artículo de la ley de autonomía del paciente que vela por la buena práctica clínica y la deontología profesional.

 

También la mención de Montes a las leyes autonómicas de “muerte digna” carece de rigor y es manipuladora, porque textualmente, sobre el derecho a renunciar a un tratamiento, la ley dice “aunque ello pueda poner en peligro su vida”, que es muy distinto de lo que ha escrito “aunque ello conduzca a la muerte”. Porque una cosa es que, al renunciar a un tratamiento, se pueda acortar la vida indirectamente (como en el caso de la negativa a una quimioterapia, falleciendo el paciente de muerte natural asistido con los cuidados básicos) y otra muy distinta es lo que Montes interpreta como renuncia a un tratamiento aunque conduzca directamente a la muerte, según indica, para aquellos pacientes que estiman que su vida no tiene sentido, justificando la retirada de la alimentación e hidratación necesarias para vivir.

 

Precisamente sobre las leyes autonómicas de “muerte digna” se ha afirmado que dan cabida a actuaciones de eutanasia encubierta, a través de esta interpretación y al otorgar un ilimitado derecho de autonomía. Merece ser recordado el primer caso de eutanasia encubierta amparado en la Ley de “muerte digna” de Andalucía, en el que se retiró a una paciente la alimentación a petición de su hijo en contra del criterio de los médicos que la atendían, por orden de la Junta de Andalucía, (caso Ramona Estévez, 2011). Este hecho ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y revertir esta ley autonómica.

 

Por otra parte, las opiniones de Montes contradicen la Resolución 1859 (2012) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su art. 7.4. que también establece el rechazo a instrucciones previas contrarias a las buena praxis médica. En ningún caso puede hablarse de establecer un “derecho a morir”.

 

Sobre los datos del CIS 2002, en los que el 59,9 % de los médicos están a favor de la eutanasia, lo que se muestra es que se está priorizando la libertad de decisión individual, propio de nuestra cultura. Sin embargo, es rechazable que estos datos sean utilizados por una asociación que entre sus fines está la promoción activa de la eutanasia y se presenten para promover un cambio de pensamiento. Lo razonable es que estas cifras motiven al análisis exhaustivo de lo que conlleva socialmente la eutanasia y el suicidio asistido. Los datos oficiales y los análisis que ofrecen las propias Comisiones de los países que la tienen legalizada son hoy una herramienta de reflexión al alcance de todos. En 2002 en España estábamos lejos de analizar esos datos, actualmente con más información, las opiniones pueden haber cambiado al ampliarse los elementos de juicio.

 

Uno de los argumentos más importantes que se utilizan en contra de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido es el de la progresiva ampliación de supuestos: se inicia para casos excepcionales, basándose en la defensa de la libertad individual y en escaso tiempo se extiende a supuestos mucho más amplios. Montes resume esto como “argumentos del miedo”, trivializando ese proceso. Pero son precisamente los “hechos”, que Montes pretende genéricamente usar a su favor, pero sin concretar nada, los datos objetivos oficiales que tanto están alarmando por su efecto expansivo y que suponen uno de los mejores modos de analizar lo que está suponiendo para esas sociedades la legalización de la eutanasia.

 

Así, Suiza en 2006 inició la aceptación legal del suicidio asistido “solo para enfermedad incurable o mortal a corto plazo”; en 2007 se amplía a personas con enfermedades psiquiátricas; en 2012 se obliga ya, en el cantón de Vaud, a los centros públicos a realizarla cuando sea solicitada y en 2013 una sentencia facilita la ampliación a supuestos de personas sanas que no padecen enfermedad terminal, por simple deseo de la persona, aceptándose así en la práctica simplemente por “sufrimiento vital”, concepto general e impreciso, que escapa a cualquier control.

 

En Bélgica, de 2002 a 2012, el número de casos declarados pasó de 232 a 1.432 (European Institute of Bioethics, abril 2012). Y en 2012 aumentaron los casos un 25% respecto a 2011. En 2003, ya en el primer aniversario de la ley, según los datos de la Comisión de control y evaluación de esta práctica, sólo se declararon 200 casos aunque se estimaba que se produjeron hasta 500 muertes asistidas (eutanasias no informadas).

 

En 2010 se documentaron eutanasias no solicitadas (informe del Canadian Medical Association Journal). 120 enfermeras belgas de 248 admitieron haber aplicado la eutanasia sin petición del paciente. Las que así actuaron -sin consentimiento del paciente- eran casi la mitad de las que habían participado en algún caso de eutanasia. En 2012, el Parlamento belga debate la ampliación para eutanasia de menores y pacientes con Alzheimer. Se suceden casos en personas no terminales (gemelos belgas, 2013) y el Parlamento se plantea ampliar las definiciones para dar cabida a más casos, claro ejemplo de pendiente deslizante.

 

En Holanda la tendencia es parecida: se duplicó en 5 años y a los 10 años creció un 73% (The Lancet,11 julio 2012), con unas 2.500 eutanasias anuales. La mayoría de los casos de eutanasia no son declarados: el procedimiento de notificación no cumple su papel de control (informe del Fiscal general del Estado holandés que garantizó el anonimato e impunidad judicial a los médicos a cambio de información sincera). Está aceptada la eutanasia sin consentimiento del paciente (1.000 casos anuales desde 1990, misma fuente oficial), se abrió la puerta a los pacientes psiquiátricos (2010) y a los menores, estando documentados los casos de eutanasia sin consentimiento de sus padres (desde 2001). En 2011, la Asociación de médicos holandeses redefinió el concepto de sufrimiento manifestando que el sufrimiento “voluntario y duradero” no deberían ser los únicos criterios para aceptar la eutanasia. Desde el 2012 una empresa privada proporciona ya la eutanasia a domicilio.

 

También es una realidad la emigración de ancianos de esos países por temor a los ingresos hospitalarios, los traslados de vivienda habitual a países cercanos que no tienen esa legislación, así como la existencia de Asociaciones de Pacientes Holandeses y la Fundación Santuario, que distribuyen “pasaportes para la vida”, que los pacientes llevan consigo pidiendo que en caso de urgencia médica no se ponga fin a sus vidas, por la desconfianza y el peligro real generados. Estos datos hablan, por sí solos, de que estas leyes nos afectan a todos, no quedan contenidas en un contexto privado.

 

Y por eso, este mismo año, Irlanda acaba de ratificar el veto al suicidio asistido como “protección a los más vulnerables de la sociedad, que podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familiares o la sociedad”. No es una cuestión de libertad individual: la ley es coaccionadora para los demás, afecta a todos.

 

Con sarcasmo, se indica también en el artículo comentado que los “argumentos del miedo” llegan a hablar de que se generará desconfianza hacia los médicos. ¿No parece probable?: el fallido anteproyecto nacional de ley de “muerte digna” 2011, proeutanásico, contemplaba que el personal sanitario pudiera tener el poder último de decidir cómo y cuándo indicar sedaciones o retiradas de soportes vitales que conduzcan al proceso de morir (al poder incapacitar de hecho a un paciente si tuviera “dificultades para comprender la información que se le suministra”, lo cual es bastante común tratándose de un enfermo terminal).

 

La experiencia de los países con aprobación del suicidio asistido y eutanasia lo confirman, pues al otorgar al médico el poder de acabar con la vida del paciente, éste ya no puede estar seguro de qué papel juega el médico.

 

En este sentido, la propia Comisión de Control de Bélgica (2012) reconoció la incapacidad de conocer el número real de eutanasias y la impunidad de los médicos de este modo: “Legalizado inicialmente bajo estrictas condiciones se ha convertido en un acto normal e incluso ordinario …/…El silencio por parte del establishment político ha dado lugar a una sensación de impunidad por parte de los médicos implicados y una sensación de impotencia por parte de aquellos preocupados por cómo están evolucionando las cosas”.

 

La sobrevaloración de la autonomía como bien supremo hace flaco favor a las propias personas y supone una fuente de conflictos morales y éticos: la autonomía ilimitada, quedaría por encima de toda ética, obligación y deber.

 

Finalmente, sobre la argumentación de la sacralidad de la vida, que el artículo comentado considera obsoleta e irrisoria para la modernidad, merece comentarse que las sociedades se hicieron más humanas, más civilizadas, cuando tomaron conciencia del valor supremo de la vida. Por ese motivo prohibieron la pena de muerte, dejaron nacer a los niños con problemas, se preocuparon por sus ancianos, se defendieron unos a otros y crearon leyes de protección social. Todo ello contribuyó a reforzar el sentido de la dignidad de cada persona humana desarrollando iniciativas para el cuidado de los más vulnerables. Lo contrario, desestimar el carácter sagrado de cada vida humana, conlleva el gérmen de la deshumanización y la violencia junto con la indiferencia ante el sufrimiento de los más débiles.

 

María AlonsoPor otro lado, se ha constatado que, en los países con suicidio asistido y eutanasia legal, las consultas a los Cuidados Paliativos se reducen notablemente. En Bélgica, los equipos de Cuidados Paliativos sólo fueron consultados en un 9% de los casos necesarios (Pereira J, Current Oncology, 2011).

 

Respecto a esto es esperanzador saber que los Cuidados Paliativos ahorran dinero a los Estados (un 30%) y las encuestas de satisfacción otorgan más puntuación cuando se ofrecen Cuidados Paliativos (OCU, 2011). Tan negativo es no dejar a la gente morirse cuando le corresponde con obstinaciones terapéuticas, como provocar su muerte antes de tiempo.

 

Ésta es nuestra deontología profesional, que conlleva la responsabilidad de desarrollar las mejores respuestas efectivas, eficaces y verdaderamente humanizadoras ante aquellos pacientes que lo que no desean es seguir viviendo en las situaciones provocadas por su enfermedad.

 

María Alonso es Médico de Familia y miembro del Área de Medicina de Profesionales por la Ética

 

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