Política y Sociedad

La Inspección Sanitaria califica de ‘recorte de derechos sin precedentes’ el proyecto de RD para el control de la Incapacidad Temporal (IT)

La Inspección Sanitaria califica de recorte de derechos sin precedentes el proyecto de RD para el control de la Incapacidad Temporal (IT)En su informe sobre el nuevo proyecto de Real Decreto, la FAISS insiste en su rechazo a los planteamientos contenidos en el mismo pues, según dice, se está ‘ante un RD especialmente orientado a que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), que gestionan económicamente cerca del 80% de la IT por contingencias comunes, sean las que dirijan esta prestación y actúen como autoridad de control de la misma, ignorando las propias competencias de los Servicios Autonómicos o Regionales de Salud (SRS) y actuando incluso por encima del propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, en algunos aspectos, también queda subordinado. Con esta circunstancia se pervierte el sistema, y quien debería ser controlado, se convierte en controlador’.

 

Para la FAISS, entre otros aspectos, ‘este proyecto de RD abre una posible vía a la privatización de la asistencia sanitaria de los trabajadores como, en su momento lo hizo la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, cuyo alcance no se vislumbraba’. Y advierte que, ‘con la excusa del control de la IT, el RD realiza continuas intromisiones en la capacidad organizativa de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas (CC AA). Además, no existe alusión alguna al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) despreciándolo como elemento integrador y coordinador de los distintos SRS, minusvalorándose en este tema la economía de escala, al contrario de lo que ocurre con la central de compras farmacéutica’

 

De acuerdo con el análisis de la FAISS, ‘el nuevo procedimiento de emisión de partes propuesto no sólo no reduce la burocratización sino que la potencia, especialmente para el Médico de Familia o de Atención Primaria (MAP), ya que el sistema de grupos y tablas de duración que diseña el RD resulta complejo y confuso, y el número de informes es excesivo y redundante. Además, toda su redacción presupone la incompetencia profesional de los MAP’.

 

Además de considerar que el proyecto constituye un recorte de derechos sin precedentes, al generalizar una presunción de fraude por parte de los trabajadores, considera muy graves la gestión de las Propuestas de Alta y el acceso indiscriminado a la Historia Clínica Electrónica (HCE). Y es que, con la nueva gestión de Propuestas de Alta, si en el cortísimo plazo de 5 días la Inspección Médica no hubiera contestado a la Mutua (o ésta no hubiera recibido la respuesta), al 6.º día se aplicaría un “silencio administrativo positivo” que produciría el “alta presunta”, pero efectiva, del paciente. A juicio de la FAISS, es ‘perverso e inadmisible este Procedimiento’ y considera que para una denegación de derechos a los ciudadanos (alta y extinción del subsidio) es exigible un alta médica explícita y formal, no presunta, por la que algún agente emisor responda. Se consigue así, torticeramente, que las Mutuas obtengan la capacidad de dar altas, de facto, aunque no formalmente.

 

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