Política y Sociedad

La Audiencia Nacional repone a Diego Murillo en la presidencia de A.M.A.

La Audiencia justifica la decisión de reponer a los tres directivos en sus cargos por la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado 22 de abril, que anuló las medidas de control especial dictadas por Seguros contra A.M.A. La Audiencia revoca así un anterior auto suyo de 13 de noviembre de 2009, en el que había mantenido la inhabilitación temporal. La reposición de los tres directivos de A.M.A. supone un paso más en el respaldo que la Justicia viene dando a las tesis de la mutua en el largo conflicto que esta entidad ha mantenido en los últimos tres años con la Dirección General de Seguros. Nada más conocer la noticia, Diego Murillo declaró que “siempre he confiado en la Justicia que, en apenas seis meses, desde que presenté mi renuncia condicionada, ha respaldado doblemente mi actuación al frente de A.MA., y desde luego voy a seguir adelante hasta la total reposición de mi imagen”.

Relato del proceso

El pasado 4 de diciembre, la Dirección General de Seguros remitió una resolución a A.M.A. en la que no inhabilitaba ni al presidente ni a los dos secretarios, pero instaba bajo amenazas a que fuese la propia mutua la que los inhabilitase, para lo cual daba un plazo de cinco días. Ante esas graves amenazas, y con el único fin de evitar a la mutua cualquier posible perjuicio o inconveniente de cualquier naturaleza, los tres afectados presentaron sus renuncias a sus cargos, por imperativo del requerimiento recibido de Seguros, y condicionadas al resultado de los recursos presentados.

Una semana antes, el 27 de noviembre, el Juzgado madrileño de Instrucción número 51 había apreciado que la actuación de Ricardo Lozano contra A.M.A. podía ser constitutiva de delito, tanto de prevaricación a la hora de resolver sus resoluciones contra dicha aseguradora y sus consejeros, como por haber empleado para sus resoluciones distintos anónimos y otros documentos obtenidos de manera ilícita. En una ampliación de la querella anterior, también admitida a trámite y presentada por A.M.A el 21 de enero de 2010, se acusa al director general de un delito de calumnias y otro continuado de prevaricación por unas declaraciones atribuidas a él y aparecidas en un diario en las que se acusaba al Consejo de A.M.A. de haber desviado 40 millones de euros de sus mutualistas.

Además, existen otras querellas, interpuestas por el expresidente y dos antiguos consejeros de A.MA., que, además de por los delitos anteriores, acusan a Ricardo Lozano de uno nuevo, por vulneración de lo dispuesto en el artículo 441 del Código Penal, al tener en su domicilio particular la sede de una empresa, denominada Versus AIF, que apodera su mujer, y que se dedica desde hace ocho años a la realización de trabajos y gestiones administrativas en régimen de apoyo a empresas, a la vez que comercializa sistemas informáticos para cálculos actuariales del sector del seguro, actividades expresamente prohibidas para funcionarios según el citado artículo. En una de sus declaraciones como imputado ante ese Juzgado de Instrucción, Ricardo Lozano reconoció expresamente que, en el domicilio particular que comparte con su cónyuge, tiene su sede una empresa que apodera su mujer.

Contencioso-Administrativo

En paralelo, la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por unanimidad de sus tres magistrados, notificó el pasado 28 de abril la sentencia que anula la medida de control especial impuesta por el director general de Seguros, Ricardo Lozano, contra A.M.A. La sentencia contempla también la posibilidad de que la mutua reclame el resarcimiento por los perjuicios ocasionados por la actuación administrativa anulada, de acuerdo al correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Los términos de la sentencia son favorables a las tesis mantenidas por A.M.A. durante este tiempo. En síntesis, la sentencia subraya que en ningún momento se ha puesto en peligro la solvencia de la mutua, ni ha existido peligro o riesgo en orden al puntual cumplimiento de sus obligaciones. Expresa que tampoco se han puesto en peligro los intereses de los asegurados de AMA en los términos que mantenía la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Subraya asimismo que los hechos por los que la Dirección General de seguros adoptó las medidas de control especial resultan unos “bastante irrelevantes y sin incidencia en el volumen de negocio de AMA (…), otros erróneamente interpretados por la Administración” (…) y el resto “opinables y susceptibles de interpretación”. Estima que no revisten entidad suficiente ni implican riesgo actual para los intereses de los mutualistas, y que, por lo tanto, la adopción de la medida de control especial consistente en prohibir a la entidad el desarrollo de sus operaciones sin autorización previa debe ser anulada.

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