Política y Sociedad

Izquierda Unida reclama la universalización de la asistencia sanitaria del SNS

Según explicó Llamazares, esta iniciativa presentada a la Mesa del Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-IpCV), ya han pasado los plazos previstos por el Gobierno para llevar a cabo el reconocimiento del carácter universal y, en consecuencia, el derecho efectivo a la asistencia sanitaria de los españoles y de los extranjeros residentes, para lo que se debían modificar las Leyes Generales de Sanidad y Seguridad Social.

Insisten en un compromiso que viene de lejos

En septiembre de 2008, la Comisión de Sanidad aprobó por unanimidad la Proposición de Ley promovida por este mismo Grupo en el Parlamento, mediante la que se instó al Gobierno a la elaboración de un estudio sobre las personas sin derecho a la asistencia sanitaria pública, con una evaluación del impacto económico que tendría la universalización efectiva de este derecho de manera gratuita. Esta misma Proposición fijaba la posterior adopción de medidas normativas, algo que, tras la conclusión de dicho informe y superado el plazo concedido, sigue sin llegar.

Según afirmó Gaspar Llamazares, su Grupo Parlamentario vuelve a insistir en una carencia del Sistema Nacional de Salud (SNS) que sigue sin hacer efectivo un derecho constitucional ni dar coherencia a lo expresado en la propia Ley General de Sanidad 14/1986, donde ya se preveía un programa de aplicación paulatina del mismo. “Un sistema que se financia con impuestos públicos no puede dejar a nadie fuera. Todos los ciudadanos pagan sus impuestos y, por ello, todos tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria pública y gratuita”, subrayó el diputado.

Cerca de 200 mil personas fuera de la cobertura sanitaria

El estudio completo sobre la universalidad efectiva y legal de la atención sanitaria por parte del SNS se remitió el pasado mes de noviembre a las Cortes, en cumplimiento de la proposición no de Ley 161/205, sobre asistencia universal y gratuita de españoles y extranjeros residentes. Según refleja el informe, entre 90.000 y 180.000 personas (un 0,3-0,4 por ciento de la población española), de acuerdo al padrón de 2008, no tienen reconocido este derecho. En este sentido, Gaspar Llamazares concretó que, de acuerdo a censos más recientes, ahora serían entre 150.000 y 200.000 los perjudicados.

Los colectivos afectados por quedar fuera de esta protección son seis, y entre ellos se encuentran los parados no perceptores de subsidios asistenciales de desempleo que perciben rentas o recursos anuales superiores al salario mínimo; las personas que no han trabajado nunca pero disponen de recursos ligeramente superiores a dicho salario mínimo; las personas con recursos superiores a los niveles medios de la población, cuyas actividades ser han limitado a la gestión y administración de su patrimonio; y las personas con profesiones liberales no integradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Asimismo, destacan especialmente los dos colectivos restantes: los españoles residentes en países ajenos al espacio económico europeo y sin convenio internacional bilateral cuando se trasladan a España (en caso de trasladar su residencia a España deberían acreditar una falta de recursos para acceder la gratuidad); y los extranjeros que no tengan garantizada la cobertura por su país de origen según los convenios internacionales de Seguridad Social o bilaterales. En caso de residencia, la situación es la misma que en el apartado anterior.

Gasto para el SNS y sorpresas con las facturas

Gaspar Llamazares explicó que, de acuerdo al informe, el coste del reconocimiento universal de este derecho en España supondría un coste de entre 136,7 y 145,4 millones de euros al SNS. Actualmente, los usuarios que no han visto reconocido su derecho a la asistencia de los servicios de salud pueden acceder a la misma con la consideración de pacientes privados. “Un buena número de ciudadanos puede empezar a ver con sorpresa cómo se les deja fuera del reconocimiento de este derecho por no cotizar”, criticó el político en alusión a la situación de crisis por la que atraviesa el país.

“La paradoja es que, por la vía de hecho, la asistencia sanitaria de urgencias es obligatoria y gratuita para todos, española e inmigrantes. No obstante, en otros niveles del sistema sanitario, incluso los españoles se pueden ver con la sorpresa de una factura por haber agotado la prestación por desempleo”, expuso Llamazares. Según añadió, algunas Comunidades Autónomas van por mejor camino y han ampliado la cobertura sanitaria de los grupos afectados a costa de sus propios presupuestos, bien con carácter general o para determinadas prestaciones. Éstas son la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco.

Extinguir el sistema de las mutualidades

Tal y como añadió el diputado, su Grupo Parlamentario quiere reflejar la Ley General de Sanidad en los distintos subsistemas sanitarios del país, por lo que el Gobierno debería extinguir el sistema de las mutualidades de funcionarios del Estado (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). “Pedimos la integración de estos funcionarios en el sistema sanitario público sin afectar a los derechos de las personas protegidas por esas mutuas”, anunció. De no cumplir el Gobierno con esta petición, en la opinión del político, se continuaría permitiendo la coexistencia de ciudadanos de primera, segunda y tercera clase dentro de la sanidad, “algo que no tiene ninguna razón de ser”.

Arantxa Mirón Millán

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