Política y Sociedad ENTREGA DEL III PREMIO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO

Deficiente extensión de las instrucciones previas, en vigor desde 2003

En el acto de entrega del III Premio Nacional de Derecho Sanitario, a un trabajo sobre las instrucciones previas (o voluntades anticipadas), puso de manifiesto el escaso desarrollo de las mismas, a pesar de que están recogidas en la Ley de Autonomía del Paciente, vigente desde mayo de 2003.

Premiados

Juan Calixto Galán y Mariano Casado

 

El premio, promovido por la Fundación De Lorenzo y patrocinado por la Fundación A.M.A. y al que, en esta ocasión, se presentó una docena de trabajos, fue concedido al  trabajo “Las instrucciones previas. Una reflexión crítica”, obra conjunta de Juan Calixto Galán Cáceres, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz, y Mariano Casado Blanco, Médico Forense y Profesor de Medicina de la Universidad de Extremadura.

Derecho a la salud

La entrega del premio tuvo lugar en sede de la Real Academia Nacional de Medicina en un acto al que, bajo la presidencia del titular de la misma, Joaquín Poch, a quien acompañaban el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos; la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán; y los presidentes de la Fundación AMA, Diego Murillo, y De Lorenzo, Ricardo de Lorenzo, así como Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Constitucional, a cuyo cargo corrió la conferencia magistral.

González Rivas ofreció cómo el texto constitucional había ratificado y plasmado en diversos apartados el derecho a la salud, vinculado a derechos fundamentales. Un pronunciamiento que ha venido siendo recogida en la legislación positiva y en la jurisprudencia con referencia expresa a sentencias, alguna de ellas muy recientes, como una referida a la contaminación.

Asignatura pendiente
Diego Murillo

Diego Murillo

En cuanto a las instrucciones previas o voluntades anticipadas (en ningún caso, señalan los autores de la obra premiada, debe hablarse de testamento vital), la situación es muy mejorable, según advirtió Diego Murillo al referirse a su contenido. Y es que, en palabras del consejero Sánchez Martos, todavía es una asignatura pendiente, pues no llega al 4 por mil de la población española la que ha registrado sus instrucciones previas. (En Madrid, el 3,8 por mil). De ahí que, incluso, el consejero abogara por que tales instrucciones se recojan en la historia clínica del paciente.

El trabajo, que aborda el documento de voluntades anticipadas (instrucciones previas en la Ley) desde las perspectivas médica, ética y jurídica, constituye una importante aportación científica y práctica. “Básicamente, la norma queda establecida en el artículo 11 de la Ley 41/2002 la cual define este derecho como aquel mediante el cual una persona mayor de edad, ‘capaz y libre’, manifiesta anticipadamente su voluntad sobre cuidados, tratamientos de su salud o el destino de su cuerpo u órganos, con el objetivo de que se cumpla en el momento en el que no sea capaz de expresarlas personalmente o de que fallezca. Además de esta norma estatal, también hay normas autonómicas que establecen particularidades con respecto a este tema. En Extremadura se recoge en la Ley 3/2005 de 8 de julio”, comenta Mariano Casado, a la vez que explica que, “por tanto el incumplimiento y “desconocimiento” de la ley, tanto por parte de los médicos como por parte de la sociedad, está creando situaciones “extravagantes” y respuestas “lamentables”, ya que no se suele cumplir la voluntad del paciente o del fallecido”.

El Estudio recomienda que la Administración e Instituciones Sanitarias deben dar la máxima difusión y explicar a los ciudadanos las grandes ventajas que el documento de instrucciones previas entraña, no sólo para los casos del final de la vida, sino también en los supuestos de enfermedades irreversibles, incapacidades, fecundación “in vitro”, destino de nuestro cuerpo, donación de órganos, etc.

El documento hace varias recomendaciones: en primer lugar, es esencial que los profesionales sanitarios y los médicos tomen conciencia de que las “instrucciones previas” son la expresión del ejercicio del derecho de autonomía, que forma parte de un proceso amplio de reflexión y comunicación con los pacientes y no solo del proceso de cumplimentación del documento de instrucciones previas. Por otro lado, el trabajo hace hincapié en la necesidad de que todos los médicos deben estar concienciados, pero sobre todo deben ser los médicos de Atención Primaria los que tengan más habilidades para transmitir información a los pacientes sobre este tema. Por su parte, las organizaciones colegiales deberían asumir el papel de formadores de sus propios colegiados e informadores a la población en general y a quien lo demande.

Éxito de la convocatoria
Ricardo de Lorenzo

Ricardo de Lorenzo

Según Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y de la Fundación De Lorenzo, “el éxito de participación y la calidad de los trabajos presentados durante esta nueva edición son sin duda los motivos que nos hacen apostar por nuevas convocatorias. El premio de este año pretende dar un poco de luz en un tema realmente relevante que, a juicio de los autores requeriría una mayor implicación de los profesionales sanitarios y las Administraciones”.

Por otro lado, D. Diego Murillo, presidente de la Fundación A.M.A, ha destacado la satisfacción de la entidad por “colaborar en estos premios, que en apenas tres años se han consolidado como una referencia obligada en el ámbito científico del Derecho Sanitario. El trabajo premiado este año es excepcional, debido a que desarrolla un tema muy trascendente, la cada vez mayor preocupación social por las atenciones y posibles tratamientos de una persona al final de su vida. Muchos asegurados de A.M.A. se han interesado también por estas cuestiones, que siempre conviene tratar con máximo respeto como con asesoramiento y análisis cualificados y profesionales”.

Derecho Panorámica

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