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Estrasburgo y los derechos fundamentales. En torno al suicidio asistido

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Frente a la tendencia a reclamar la legalización del suicidio asistido, la analista defiende, en la defensa del derecho a la vida, la promoción de políticas de acceso a los servicios sociosanitarios básicos y especializados, con especial referencia a los cuidados paliativos, un tanto ignorados por los ciudadanos.

Los avances científicos de la sanidad han propiciado un aumento de la longevidad, y una mejora considerable de las condiciones generales del envejecimiento. La Unión Europea presenta una de las Esperanzas de Vida más altas del mundo, superando los 79 años de vida media. Todo esto certifica la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos: de hecho, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo elaborado en 2010, dos de los principales medidores de la Calidad de Vida en un continente son la esperanza de vida de sus ciudadanos, y el grado de alfabetización. Esta situación es fruto del avance de la Comunidad Médica y de la Sociedad en general, capaz de cuidar y atender a sus mayores con más éxito, beneficiándose así de su experiencia, conocimientos y vivencias.

 

En este contexto, son especialmente llamativas las últimas resoluciones legislativas en esta materia en el continente americano y europeo: la victoria de la ley, denominada ‘End of Life Choice Bill’, en el Estado de Vermont, y el fallo del Tribunal de Estrasburgo ante la petición de Alda Gross, ciudadana suiza de 82 años. El alto Tribunal solicitó a ese país que definiera “con claridad en qué casos una persona, en plena posesión de sus facultades, puede exigir la prescripción de una sustancia que le ayude a morir”, independientemente de que la persona en cuestión que concurría a la consulta del Tribunal no padeciera ninguna enfermedad, más allá de superar la edad de 80 años. En este caso, la argumentación expuesta por el Tribunal ha sido que “no se debe forzar a prolongar la vejez o a vivir en estados de decrepitud física o mental, que entran en conflicto con las nociones dominantes de la autonomía y la identidad personal”.

 

Esta resolución llama también poderosamente la atención teniendo en cuenta que, con anterioridad, había fallado en contra hasta en dos ocasiones (Pretty v. Reino Unido, en abril de 2002 y Haas v. Suiza, en enero de 2011) argumentando en esas ocasiones que el derecho a la vida no entrañaba como reverso el derecho a morir. Estas resoluciones eran afines a la buena praxis de Asistencia Sanitaria, que dictamina que no hay una situación clínica cuya indicación sea el suicidio asistido: por tanto, los profesionales sanitarios nos encontraríamos en una situación de conflicto al legalizar la ayuda al suicidio asistido, en contradicción con la lex artis.

 

Ante esta situación, deberíamos reflexionar acerca del nuevo papel que están cobrando las instituciones ante los cambios sociopolíticos: si la situación económica, la sobrevaloración de la autonomía o la percepción de incapacidad y la paulatina pérdida de facultades del paciente, con el consiguiente sobreesfuerzo que supone para los familiares, no pesan más que otras motivaciones. Debemos considerar también si la función de las instituciones no sería, precisamente, promover avances que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, en vez de plantearse el suicidio como la salida más garante, en momentos en los que sus habitantes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como en el proceso de envejecimiento o enfermedad.

 

Debemos considerar en este aspecto que la naturaleza de la persona no queda mermada por el deterioro de su estado físico, psíquico o emocional. Independientemente de esto, toda vida humana es siempre digna, y por tanto, el deber de las instituciones es garantizar que sus ciudadanos cuentan con todos los medios técnicos, humanos y profesionales, especialmente si se encuentran necesitados de por su situación física o emocional. Habría que plantearse qué temor impulsa a una persona a hacer esta reivindicación, esgrimiendo como argumento que tiene 82 años; y si la promoción de mejores políticas sociales, o recursos adecuados, no contribuirían a evitarlo.

 

Elena Carrascal GarchitorenaA este respecto es también muy reciente la resolución de Irlanda sobre la misma materia, aunque con un resultado radicalmente opuesto: hace apenas un mes, se ratificaba el veto al suicidio asistido, asegurando que el suicidio es un “problema social” con “terribles consecuencias” para las familias y la sociedad. Los magistrados irlandeses consideraron que la decisión de ratificar el veto estaba “justificada desde el punto de vista del interés público”, pues contribuye a proteger a los “más vulnerables”. Ese tribunal aseguró que existe un “riesgo real” de que, incluso con las más “estrictas salvaguardas”, la legalización del suicidio asistido impidiera proteger adecuadamente a los más vulnerables, como “los ancianos y los pobres”, quienes “podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad”.

 

Este tipo de planteamientos no es falaz. De hecho, se ha constatado que el 78% de las personas que solicitó la muerte asistida en Bélgica tenían edades comprendidas entre los 60 y los 85 años, según la Belga News Agency. De 2002 a 2012, el número de casos declarados en Bélgica, pasó de 232 a 1.432 (European Institute of Bioethics, abril de 2012). La tendencia holandesa es parecida: en 2011 aumentó un 18 por ciento el número de casos, llegando a 3.695, el doble que en 2006. Sin embargo, el último estudio publicado al respecto certificaba que los equipos de Cuidados Paliativos sólo se consultaban en un 9% de los casos necesarios (Pereira J., Current Oncology, 2011).

 

Por ello, las instituciones deberían convertirse en adalides de los derechos fundamentales, entendiendo como el más fundamental de todos el derecho a la vida, y promoviendo políticas de acceso a los servicios sociosanitarios básicos y especializados.

 

Elena Carrascal Garchitorena es Subdirectora de Enfermería del Hospital Centro de Cuidados LAGUNA

 

 

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