Política y Sociedad

España, emplazada a otorgar la Tarjeta Sanitaria Europea a ciudadanos comunitarios no españoles

Dado que la legislación española permite a estas personas que no ejercen ninguna actividad económica el acceso a los sistemas públicos de asistencia sanitaria de Andalucía y Valencia, por ser «personas aseguradas» según la normativa de la Unión sobre coordinación de la seguridad social, las mismas deben beneficiarse de las prestaciones a las que da derecho la TSE.

 

Según la Comisión, España no reconoce que los ciudadanos en cuestión sean «personas aseguradas» a tenor de lo dispuesto en la normativa de la Unión sobre coordinación de la seguridad social, por lo que se niega a expedirles la TSE. Esta tarjeta demuestra que su titular está asegurado para recibir asistencia sanitaria de régimen público, y que tiene derecho a acceder a los servicios sanitarios que precise durante su estancia temporal en otro Estado miembro. Al negarse España a expedir la TSE a los ciudadanos en cuestión, hace a estos responsables, en principio, del coste de la asistencia sanitaria recibida durante su estancia en otro Estado miembro.

 

Persona asegurada

 

Según la normativa de la Unión sobre coordinación de la seguridad social, «persona asegurada» es quien reúne las condiciones requeridas por la legislación del Estado miembro competente, de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza para tener derecho a las prestaciones de la seguridad social. El emplazamiento adopta la forma de «dictamen motivado» del procedimiento de infracción de la UE. España dispone ahora de dos meses para notificar a la Comisión las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas de la UE. Si no lo hace, la Comisión podrá decidir denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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