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Es el momento de la Política en la Sanidad en Madrid

Hace un año, 2012 se despedía de la sanidad madrileña con un conflicto en marcha generado por el anuncio del gobierno de la Comunidad de llevar a cabo la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos (construidos con dinero privado adeudado) y más de treinta centros de salud sin definir. El estado de ánimo de la comunidad sanitaria, sin embargo, era alto, y diferentes grupos sindicales y otras asociaciones profesionales que fueron surgiendo mostraban su compromiso decidido con plantear batalla contra una decisión no justificada debidamente ni en sus orígenes ni en sus términos, que parecía tan solo dirigida a satisfacer las aspiraciones de determinados grupos de interés. Un año después el contraste es importante: el conflicto planteado ha llevado hasta ahora, cuando queda menos de un año para que finalice de manera efectiva la legislatura autonómica, a la paralización del proceso privatizador, lo que supone un éxito importante de quienes se han opuesto al mismo. Por el contrario, el desánimo parece cundir entre los sanitarios que se han opuesto al proceso (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/28/madrid/1388254238_112787.html), que durante este período se han visto afectados a la vez por operaciones espurias de deterioro de las plantillas de los centros públicos más importantes que eran hasta ahora el soporte principal de la sanidad en Madrid (jubilaciones obligadas de importantes contingentes de personal de diferentes categorías profesionales, pero especialmente de médicos; ceses arbitrarios de contratos), a la vez que se adoptan decisiones que poco a poco van dirigiendo la circulación de pacientes hacia los centros privados de una u otra naturaleza que ocupaban hasta ahora un lugar suplementario en aquélla. Justificar ese estado de ánimo sólo por la previsión de que en los próximos días el Pleno de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se va a reunir para estudiar de manera conjunta todos los recursos presentados contra las decisiones que lograron la suspensión provisional del proceso privatizador, y otras relacionadas con ello, parece una simplificación excesiva. Pese a lo anómalo en términos jurídicos de la maniobra que ha llevado a la acumulación de todos los recursos referidos en el Pleno de la Sala, lo que parece pretender que primen las opiniones judiciales contrarias a la suspensión sobre las favorables al mantenimiento de la misma, hay razones fundadas, que van desde los argumentos de los juzgados que han dictado la suspensión provisional a los análisis realizados por distintos expertos económicos sin vinculación partidaria alguna sobre las irregularidades y malas prácticas observadas en el proceso del concurso convocado (http://www.fedeablogs.net/economia/?p=33087#more-33087 y http://www.fedeablogs.net/economia/?p=33096#more-33096 ), como para pensar que las espadas se mantienen en alto, y que finalmente el gobierno de la Comunidad de Madrid se puede encontrar con noticias que no le son favorables; lo que en todo caso conoceremos en los próximos días.

Una decisión no justificada debidamente ni en sus orígenes ni en sus términos, que parecía tan solo dirigida a satisfacer las aspiraciones de determinados grupos de interés.

Sostengo, por el contrario, que la principal razón para explicar ese estado de (des)ánimo de quienes hasta ahora han sostenido el calor de la oposición principal al proceso privatizador es la sucesión de noticias que se ha ido produciendo a lo largo del último mes que, a través de informaciones de diferente carácter (las relativas al gobierno de Cajamadrid; los movimientos de capital de algunos de sus miembros que pueden ocultar el blanqueo de dinero; la eterna trama Gürtel, y otras), han ido poniendo cada día más de relieve que en Madrid estamos en manos de un gobierno de los “mejores”… depredadores de lo público en defensa (más bien al ataque) de distintos intereses privados; un gobierno que no para en mientes para acelerar mientras pueda el avance de esos intereses, con independencia de cuáles puedan ser los resultados finales de sus actuaciones, no sólo en términos de consolidación de aquéllos, sino incluso del porvenir judicial de quienes adoptaron las decisiones correspondientes, siempre que éstas les hayan permitido adquirir posiciones de privilegio privado sobre intereses antes públicos; algo que los anteriores consejeros sanitarios madrileños Güemes y Lamela se encargaron ya eficazmente de poner de manifiesto en su gestión. Ése es un panorama que resulta desalentador por sí mismo para el conjunto de la ciudadanía, que sólo invita a alejarse de la política (“no nos representan”) si, en presencia de la mayoría absoluta de la que dispone ese gobierno, quienes se oponen al mismo no encuentran el antídoto para evitar las decisiones que aquél va adoptando, en especial las más difícilmente reversibles por comprometer de manera más amplia el futuro, más allá de quién lo gobierne. Algo que ha ocurrido ya en otras CCAA, como la valenciana, con efectos perversos sobre la vida política general de cada una ampliamente descritos, de los que resulta muy difícil salir.

Si se pretenden enterrar de forma definitiva las posibilidades de destrucción de la sanidad pública en Madrid…, no basta ya sólo con las respuestas en el terreno judicial, que se ha revelado tan eficaz hasta ahora

Ese es también el caso de la privatización de la gestión de los centros sanitarios, cuyos efectos en términos de desestructuración de la sanidad madrileña y de apertura al negocio privado de un servicio público fundamental pueden resultar decisivos de cara al futuro de la igualdad en la protección sanitaria de todos los ciudadanos de Madrid. Que eso pueda ocurrir sin ninguna base razonable de soporte al proceso, ni siquiera la inclusión de sus intenciones al respecto en el programa electoral que llevó al PP al poder aquí; y que lo haga de la mano de un gobierno de mediocres carentes de experiencia e ideas en el terreno que gobiernan más allá de su capacidad de repetir los eslóganes enlatados que les preparan, presidido ahora por un personaje cuyos comportamientos económico-políticos están cada vez más puestos en duda, es una invitación más contundente aún al desánimo y el descrédito de las posibilidades de la política para defender los intereses de todos. Más aún si ese mismo gobierno sigue poniendo de manifiesto su decisión y osadía para defender lo indefendible con todos los instrumentos a su alcance mientras gobierne Madrid. De la desfachatez, osadía e irresponsabilidad de esa forma de “gobernar” puede servir como ejemplo la impúdica oferta de convocatoria de plazas sanitarias interinas (en todo caso algo más estables que los contratos irregulares de todo tipo que han proliferado durante un largo plazo en los centros sanitarios por voluntad del mismo gobierno que ahora pretende presentarse como resolutor de la situación que él mismo ha creado) que ha anunciado recientemente la consejería de sanidad madrileña, con la que pretende principalmente dividir y debilitar a los sectores que han dirigido los movimientos contrarios a la privatización. Pero también la intención igualmente anunciada, en todo caso ilegítima por mucho que pudiera pretender ampararse en su legalidad formal “temporal”, de avanzar en la firma de los contratos de privatización si la suspensión provisional de los mismos finalmente se levanta por la Sala de lo contencioso, a cambio de introducir en ellos determinadas modificaciones nuevas, consistentes en que se supedite la posible renovación futura de los contratos firmados para el plazo más inmediato al fallo definitivo sobre el fondo del proceso privatizador, fallo que podría demorarse aún varios años (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/28/madrid/1388254238_112787.html). Todo ello constituye por sí mismo una nueva expresión de la conciencia que tiene la consejería sanitaria de las irregularidades y debilidades del intento privatizador que ha seguido hasta ahora y de sus “complementos”, unas y otras puestas de nuevo de manifiesto en el reciente informe de la Cámara de Cuentas madrileña sobre ocho hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/01/madrid/1388612022_656032.html ; http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/04/madrid/1388858389_131598.html). Una situación que, por otra parte, es lógico que genere la desconfianza consiguiente entre quienes se pretende que participen en ese proceso, que no sería extraño que ante esas nuevas condiciones decidiesen retirarse del mismo de forma definitiva. Ese conjunto de circunstancias induce además a pensar que si se produce el levantamiento judicial de la suspensión provisional del proceso se podrían abrir nuevas vías de recurso judicial frente al mismo.

Circunstancias políticamente extraordinarias, como es la posible destrucción de un plumazo de un sistema que se tardó mucho tiempo en construir… requieren respuestas igualmente extraordinarias.

Sin embargo, si se pretenden enterrar de forma definitiva las posibilidades de destrucción de la sanidad pública en Madrid y caracterizar el proceso privatizador sanitario como el problema político más importante que tiene en el momento actual la Comunidad madrileña no basta ya sólo con las respuestas en el terreno judicial, que se ha revelado tan eficaz hasta ahora, incluso aunque pueda volver a serlo. Circunstancias políticamente extraordinarias, como es la posible destrucción de un plumazo de un sistema que se tardó mucho tiempo en construir por un gobierno carente de legitimidad alguna para hacerlo, requieren respuestas igualmente extraordinarias, que se hagan eco y se correspondan con la respuesta que ha dado al proceso privatizador la sociedad civil, que, sin embargo, no puede traducirse a la vida real si no encuentra vía de expresión efectiva en el terreno político. Una traslación a ese terreno que, a su vez, sólo los partidos con representación parlamentaria en la cámara madrileña actual, y la que se constituya tras las elecciones del año próximo, se encuentran en disposición de producir. Y para la que, en las condiciones actuales y las perspectivas futuras de distribución electoral de los votos en la comunidad madrileña, donde parece difícil pensar que, si no es por la vía de la abstención, se pueda repetir la mayoría absoluta de un solo partido, se requiere además que lo hagan en el mismo sentido, y con compromiso mutuo de no apoyar por ninguna otra razón a un gobierno del PP que pudiera intentar repetir la operación, los partidos que por separado y por distintas vías se oponen realmente a la privatización sanitaria. Lograr un compromiso de apoyo común a un programa de gobierno público y mejora de la sanidad pública madrileña supondría el acuerdo básico sobre casi el 50% del presupuesto del Gobierno de la Comunidad, un principio que para sí hubieran querido muchos gobiernos de coalición u otras formas de colaboración en el gobierno que se han dado aquí y en otros países. Supondría además reconocer en un sentido positivo, como no se ha hecho hasta ahora, la importancia para los ciudadanos y, en consecuencia la importancia política paralela que debería tener, la protección sanitaria universal e igual para todos, evitando que se convierta en un ámbito de negocio para pocos. Y que, frente a ello, a ojos de unos ciudadanos legítimamente descreídos de los partidos políticos, resulta secundario cuál de entre los que comparten ese punto de vista tuviera la responsabilidad concreta del gobierno sanitario aquí. El mayor obstáculo para que los partidos que constituyen la actual oposición en la cámara madrileña adopten una posición expresa común y de apoyo mutuo contra la privatización sanitaria ahora y después de las próximas elecciones es que, frente a ese problema político principal que tiene la Comunidad de Madrid, lo que parece centrar las preocupaciones principales de cada uno de aquéllos son sus batallas internas por optar al liderazgo de alguno y del conjunto de ellos; e incluso las luchas miserables, aunque sean formalmente legítimas, de algunos aspirantes a vivir de la política por situarse en puestos que les permitieran durante un tiempo desempeñar unos u otros cargos; algo que, según todos los indicios, en alguno de esos partidos ya ha empezado a ocurrir (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/04/madrid/1388875727_968390.html). Recuperar la necesaria confianza en los partidos sobre la base de elecciones primarias entre candidatos que no tienen nada específico que decir en la mayoría de los casos sobre los problemas que más afectan a la ciudadanía, en apariencia una de las vías preferentes por la que los partidos optan para recuperar el interés ciudadano por ellos, parece una tarea mucho más ardua, si no imposible, que hacerlo sobre la base de un compromiso por el mantenimiento público de servicios esenciales para los ciudadanos, que permitieran generar confianza en que, sea quien sea quien ejerza determinadas responsabilidades concretas, lo hará en términos acordes con el compromiso general previo. A su vez, disponer de posiciones bien definidas sobre materias esenciales, como es la privatización de la gestión de los servicios públicos sanitarios, permitiría también evitar que se reproduzcan situaciones contradictorias, como la que supone que por algunos de los partidos que ahora se oponen a ella se hayan, sin embargo, apoyado, por razones de interés personal o local, propuestas y decisiones (del PP) que están en la base del actual proceso privatizador. El mejor ejemplo de ello es la construcción con financiación privada de ocho nuevos hospitales en diferentes pueblos y ciudades de Madrid, que figuró de manera expresa en el anterior programa del PP y que fue, sin embargo, apoyada por los respectivos alcaldes de esas localidades de otros partidos que hoy se oponen a la privatización. Sentar las bases de unos acuerdos que pudieran permitir oponerse de manera efectiva al avance más inmediato de las decisiones privatizadoras, además de por la vía judicial por procedimientos políticos extraordinarios (desde una moción de censura hasta, llegado el caso, formas más extremas de interrupción de la vida parlamentaria ordinaria) si este gobierno indecente pretendiera avanzar en aquéllas si por el TSJ de Madrid se llegara a levantar la suspensión provisional que las afecta, parece ahora una contribución imprescindible por parte de los partidos políticos de oposición para garantizar la protección sanitaria de toda la población madrileña en condiciones de igualdad. Acuerdos básicos en esa línea podrían también permitir que se configure un horizonte expreso contrario a la privatización para la próxima legislatura. Sería además también una vía eficaz para volver a poner en relación la vida política en este territorio con la realidad de lo que más afecta la vida concreta de quienes viven en esta Comunidad, cuya división entre una y otra viene perjudicando desde hace años los intereses de la mayoría de los ciudadanos madrileños en beneficio de otros intereses espurios que se están viendo favorecidos por las decisiones arbitrarias de este gobierno. En beneficio de la mayoría de los ciudadanos hay que esperar que los partidos políticos de la oposición madrileña no desperdicien una oportunidad así.

Javier Rey del Castillo

Ex-secretario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud