Política y Sociedad

El TSJ de Galicia admite a trámite un recurso de Defensa de la Sanidad Pública contra la privatización del nuevo Hospital de Vigo

Según informa la Plataforma, se considera que la adjudicación vulnera varios principios constitucionales, incumple la ley de contratos del sector público, así como la ley del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud y la ley de salud de Galicia.

 

De acuerdo con la información facilitada, la decisión de anular el Plan Económico Financiero a través de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI) incrementa en más de 1.000 millones el coste del hospital en detrimento del dinero público. Además, dejará en manos de empresas constructoras y Cajas de ahorros en crisis (Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bankia, Caja Sur, Caja Canarias, etc,) la gestión y explotación de todos los servicios sanitarios no clínicos- asistenciales y de las áreas comerciales, a pesar de haber recibido apoyos del Estado a través del FROB.

 

Sin justificación técnica

 

La Plataforma presentó este recurso en base a que no existe ninguna justificación por razones técnicas, administrativas, jurídicas y económico financieras, que avalen el hecho de recurrir a un modelo de concesión de obra pública tipo PFI para la construcción del NHV. Muy al contrario, se considera que existe una vulneración de preceptos constitucionales y de diversas leyes que han servido para tomar la decisión y fundamentar la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Galicia.

 

Y es que la actual Conselleria de Sanidade abandona el modelo de financiación y gestión publica que se había establecido a través de la Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, para el que ya existía consignación presupuestaria y aprobación en febrero del 2009 de un plan económico especifico por el gobierno de la Xunta de Galicia, y decide sustituirlo por un modelo de financiación y gestión privada mediante el recurso a un contrato de concesión de obra publica tipo PFI. Esta fórmula, comenta la Plataforma, supone el encarecimiento de la puesta en servicio y funcionamiento del nuevo hospital de Vigo, puesto que el modelo de concesión de obra pública supone un coste total de 1.794.935.833  euros corrientes y por lo tanto un canon anual de 89.746.791 euros corrientes. La financiación y construcción a través de la sociedad publica de investimentos suponía un coste total de 408.460.000 euros; con el modelo PFI estos mismos costes pasarían a ser de 1.006.734.183 euros corrientes.

 

Para la Plataforma se están vulnerando los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, objetividad y economía en la gestión de servicios públicos. Por otro lado, la entrada en vigor de la nueva normativa contable, con repercusión negativa sobre la rentabilidad de los accionistas, ha obligado a un reequilibrio financiero de los contratos de concesión y, por tanto a una financiación adicional, con cargo al canon anual de la concesión.

 

Cambio inadecuado de modelo

 

Además, dice la nota de Defensa de la Sanidad Pública que existe una inadecuada calificación del contrato para evitar realizar el estudio de evaluación previa que justifique objetivamente este cambio de modelo. Vulnera el derecho a la participación ciudadana y el derecho a la información publica de organizaciones sociales y organizaciones sindicales. Vulnera la ley del Estatuto Marco puesto que este modelo supone fragmentación laboral entre personal con regímenes jurídicos diferentes uno dependiente de la empresa privada y otro del Servicio Gallego de Salud.

 

La Plataforma concluye su nota diciendo que la razón última de este modelo de concesión es una decisión exclusivamente política en una estrategia no disimulada de privatización del Servicio Gallego de Salud.

 

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