Política y Sociedad

EL SINDICATO MÉDICO CESM RECHAZA LA HUELGA DEL 8 DE JUNIO Y REITERA LA REFORMA QUE HUBIERA EVITADO LA SITUACIÓN ACTUAL

Patricio Martínez, secretario general

Patricio Martínez, secretario general

En una especie de alegato, la CESM, después de afirmar que los médicos se muestran muy críticos con los recortes salariales anunciados, asegura reconocer las causas de la situación actual, como es el mantenimiento de determinados servicios sociales, entre ellos la sanidad, aunque aquí las medidas de racionalización se han comenzado a adoptar tarde. De ahí que urja la aplicación de tales medidas, al tiempo que asegura haber decidido mantenerse al margen de la convocatoria de huelga anunciada por otras organizaciones sindicales, al haber observado que detrás de la protesta sólo subyace -aparte del derecho al pataleo- la contraproducente pretensión de volver a un statu quo político y económico que ha sido una de las causas de que nos encontremos en la situación actual. Y añade que la CESM se encuentra contrariada especialmente porque las llamadas centrales sindicales “de clase” no hayan defendido su objetivo de que el recorte se hiciera de modo lineal para todos los empleados públicos, en vez de cargar el peso de la medida sobre quienes más ganan.

Medidas inaplazables

Centrada en la sanidad pública, la CESM recuerda que viene advirtiendo desde hace no menos de quince años de que su sostenibilidad estará en entredicho mientras no se pongan en práctica medidas de sentido común que hoy más que nunca parecen inaplazables:

– Es urgente (y llevamos un retraso de décadas…) que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), sobre el que en teoría recae el gobierno de los 17 servicios autonómicos de salud (18 contando al de Ceuta y Melilla) funcione con criterios cohesionadores y ejecutivos. El objetivo es que las decisiones se tomen por mayoría y sean de obligado cumplimiento en todo el ámbito del Estado. De este modo, se evitarían espectáculos tan penosos como la imposibilidad de llegar a calendarios vacunales comunes, o, sin ir más lejos, la adopción de discrecionales políticas de recursos humanos que coartan nuestro derecho a la libre movilidad en el conjunto del SNS.

– Los presupuestos que reciben las CCAA para Sanidad deben ser “finalistas”, es decir, no deben dedicarse a otros fines.

– Es necesario incrementar la productividad y eficiencia del SNS mediante un plan estructural de reformas que contemple dos objetivos básicos: de un lado, la reducción al mínimo de la burocracia y el papeleo (resulta inconcebible, por ejemplo, que a fecha de hoy aún no estén estandarizadas la historia clínica digitalizada y las recetas electrónicas); y de otro, poner fin al intervencionismo político, manifestado en diversas formas de clientelismo y nepotismo ideológico en la designación de puestos gerenciales, o en la jubilación anticipada de muchos médicos en la plenitud de su facultades para sustituirlos por personal con contratos eventuales o de interinidad sobre los que es más fácil ejercer desde arriba la influencia que en cada momento se desee (quienes piensen que en esta alusión hay cabida para previsibles conflictos relacionados con la objeción de conciencia, no van desencaminados).

– Hay que racionalizar el uso de los recursos, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. En consecuencia, es ineludible una comisión de expertos en gasto sanitario que elabore un catálogo de productos y que se establezcan criterios de prescripción y financiación de los medicamentos.

– Creemos pertinente en las actuales circunstancia ir hacia una nueva cultura en la que los ciudadanos se hagan responsables en la prevención de su salud y contribuyan aunque sólo sea de forma testimonial al gasto público que generan.

– Existe un proyecto de Pacto de Estado por la Sanidad que hoy duerme el sueño de los justos. Nuestro criterio es que debe relanzarse e incorporar las premisas anteriores, además de contemplar un incremento porcentual del PIB (seguimos estando 2 puntos por debajo de lo habitual en Europa occidental) y posibilitar que los médicos, en la medida que deciden el 80% del gasto sanitario, tengan mayores atribuciones en la gestión de la sanidad pública.

Doblemente injusto

La CESM considera doblemente injustas las medidas adoptadas por el Gobierno, ya que la rebaja retributiva anunciada no tiene en cuenta, y por tanto se suma, a los sacrificios que los profesionales han realizado históricamente entregándose a un servicio público que resulta tan ambicioso en sus fines como cicatero a la hora de dispensar un buen trato a sus profesionales. Si el SNS, a pesar de todas sus disfunciones, ha venido hablando bien de España no ha sido porque los políticos lo hayan mimado como debieran, dice la CESM, sino porque los profesionales hemos puesto lo mejor de nosotros mismos a cambio de unas condiciones de tipo laboral (bajos sueldos, inestabilidad en el empleo, jornadas de hasta 24 horas, si no más, etc.) que no hacen justicia a su preparación y responsabilidad.

No es extraño, por tanto, que en la sanidad pública española haya hoy déficit de médicos, motivado entre otras razones porque no pocos compañeros se sienten tentados a aceptar las ofertas más generosas que llegan de otros países. Tendencia, por cierto, que visto lo visto, puede intensificarse en el inmediato futuro.

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