Política y Sociedad

El Gobierno vuelve a anunciar la legalización de la universalidad de la asistencia sanitaria pública

En estos términos se ha manifestado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria del presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, interesado por conocer si el Gobierno tiene previsto reconocer la universalización en la presente legislatura, así como cuál es la situación del estudio sobre la universalización efectiva y legal, qué contingente de población permanece todavía fuera del SNS y cuál sería el coste de garantizar su cobertura.

Algo menos de 200 mil personas y 60 millones de euros

Según la respuesta del Gobierno, firmada por el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, el estudio completo sobre la universalidad efectiva y legal de la atención sanitaria por parte del SNS se remitió el pasado mes de noviembre a las Cortes, en cumplimiento de la proposición no de Ley 161/205, sobre asistencia universal y gratuita de españoles y extranjeros residentes. En este sentido, diversas organizaciones vienen reclamando insistentemente la universalidad de la cobertura sanitaria pública y gratuita en España, algo que, según refleja el informe, afecta a entre 140.000 y 190.000 personas en nuestro país (un 0,3-0,4 por ciento de la población española), de acuerdo al padrón de 2008.

Con estas aproximaciones, se estima que el coste sanitario que supondría para el SNS la universalización de la asistencia sanitaria, se situaría en torno a los sesenta millones de euros. Por otro lado, el procedimiento legal para el reconocimiento del derecho a la salud como derecho universal requeriría la adecuación del marco normativo actual. Actualmente, los usuarios que no han visto reconocido su derecho a la asistencia de los servicios de salud pueden acceder a la misma con la consideración de pacientes privados.

Según explica la Secretaría de Estado a la Comisión de Sanidad, algunas Comunidades Autónomas han ampliado la cobertura sanitaria de estos grupos a costa de sus propios presupuestos, bien con carácter general o para determinadas prestaciones. Éstas son la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco.

Seis colectivos fuera del sistema

Los colectivos afectados que se encuentran fuera de esta protección son seis, y entre ellos se encuentran los parados no perceptores de subsidios asistenciales de desempleo que perciben rentas o recursos anuales superiores al salario mínimo; las personas que no han trabajado nunca pero disponen de recursos ligeramente superiores a dicho salario mínimo; las personas con recursos superiores a los niveles medios de la población, cuyas actividades ser han limitado a la gestión y administración de su patrimonio; y las personas con profesiones liberales no integradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Asimismo, destacan especialmente dos colectivos restantes, a los que se refiere el anuncio del Gobierno: los españoles residentes en países ajenos al espacio económico europeo y sin convenio internacional bilateral cuando se trasladan a España (en caso de trasladar su residencia a España deberían acreditar una falta de recursos para acceder la gratuidad); y los extranjeros que no tengan garantizada la cobertura por su país de origen según los convenios internacionales de Seguridad Social o bilaterales. En caso de residencia, la situación es la misma que en el apartado anterior.

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