Política y Sociedad Entrevista al presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo De Lorenzo

El Derecho Sanitario reclama un baremo de daños sanitarios «desde hace más de 15 años»

La sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) va a acoger desde el 15 de octubre, y hasta el día 17 del mismo mes, la celebración de la XXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que organiza la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS). Acta Sanitaria ha conversado con su presidente, Ricardo De Lorenzo, con el fin de conocer los pormenores del mismo y su opinión acerca de los asuntos que serán debatidos en esta cita. El máximo representante de la Asociación se refirió, de esta forma, entre otros aspectos, al reclamado baremo para el cálculo de las indemnizaciones por daños sobrevenidos con ocasión de las actividades sanitarias, que la Asociación que preside lleva pidiendo «desde hace más de 15 años», así como al desarrollo del Derecho Sanitario en España, que «se explica también por la preocupación creciente de los profesionales sanitarios, ante el incremento de la conflictividad en su relación con los pacientes».

Ricardo De Lorenzo

Ricardo De Lorenzo

Acta Sanitaria (AS).- En breve se celebrará una nueva edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. ¿Qué aspectos de interés van a ser tratados en esta cita?

Ricardo De Lorenzo (RDL).- Efectivamente, el próximo 15 a 17 de este mes de octubre. Como en todos los Congresos, además del abordaje de las cuestiones que podríamos denominar clásicas como acontece con las novedades jurisprudenciales, o las novedades editoriales en Derecho Sanitario, se analizarán todas aquellas cuestiones relacionadas con esta especialidad que constituyen actualidad, tanto en estos momentos próximos a la celebración del Congreso, o, que se prevé, sean importantes tras la celebración del mismo, como por ejemplo, la responsabilidad profesional de los sanitarios tras el nuevo Código Penal en vigor desde el pasado 1 de junio; el impacto de la e-Salud; la contratación pública y las subastas de medicamentos en Andalucía; las nuevas indemnizaciones por daños sanitarios con el recientísimo nuevo baremo de tráfico; o las prestaciones sanitarias ante la inmigración irregular, entre otros muchos temas.

Piense que son 6 mesas redondas más 12 talleres, incluidas tertulias y paneles de discusión y la conferencia magistral que dará este año el Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Catedrático de Microbiología, Cesar Nombela.

AS.- ¿Es necesaria su celebración al ser el Derecho Sanitario un concepto que está alcanzando gran notoriedad?

RDL.- Es evidente que sí, como habrá podido ver por el programa de este año. Y en cuanto a la notoriedad, por una parte, al innegable peso específico que las materias, cuestiones o problemas relacionados con la atención sanitaria y la salud pública representan en todos los órdenes, tanto desde la perspectiva del interés social por su calidad, en cuanto síntoma de progreso y desarrollo sociales, como desde la económica, o desde la profesional, atendido el elevado número de profesionales de extracción diversa que se encuentran implicados en aquéllas, es lógico que esta se produzca.

«Los propios avances científicos y tecnológicos plantean, de forma ya constante en los últimos años, complejas interrogantes jurídicas y éticas»

Por otra parte, los propios avances científicos y tecnológicos plantean, de forma ya constante en los últimos años, complejas interrogantes jurídicas y éticas compartidas mundialmente. La reflexión profunda desde estos dos ámbitos ante estos nuevos retos constituye, desde hace años, una de sus tareas más apasionantes en nuestros días, e interesa directamente a los profesionales implicados en la prestación de la asistencia sanitaria. Por último, y desde otra perspectiva, el desarrollo del derecho sanitario en nuestro país se explica también por la preocupación creciente de los profesionales sanitarios, ante el incremento de la conflictividad en su relación con los pacientes, que desemboca en numerosas ocasiones en la vía judicial, ya sea civil, penal o administrativa, y que produce en aquellos una notable sensación de inseguridad, que requiere reflexión y formación.

AS.- El 1 de julio entró en vigor la reforma del Código Penal, así como la Responsabilidad Penal de los profesionales sanitarios. ¿Qué implica ello? Las agresiones sanitarias y el intrusismo profesional también serán asuntos a abordar, ¿no es así?

RDL.- Efectivamente. El nuevo Código introduce nuevas figuras delictivas y se adecuan los tipos penales ya existentes, ofreciendo así una respuesta más adecuada a las nuevas formas de delincuencia, reformándose la Ley en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España, y siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, como el de la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. En el ámbito específicamente sanitario se han introducido algunas importantes novedades como la posibilidad de incluir perfiles de condenados en la base de datos de ADN, para dar cumplimiento a las exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Y se incorporan en nuestra normativa penal las conductas descritas en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de abril de 2014, sobre falsificación de productos médicos y otros delitos similares que suponen una amenaza para la salud pública.

Tal y como indica por fin, se reconoce como delito de atentado las agresiones que sufran los médicos en el ejercicio de su cargo, introduciéndose una nueva definición del atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente, pero en la que no se equipara el empleo de violencia sobre el agente con la acción de resistencia meramente pasiva, que continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave. Se refleja de manera explícita que en todo caso se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, dando visibilidad a lo que, por otra parte, ya venía recogiendo la jurisprudencia mayoritaria, del Tribunal Supremo. El Congreso tendrá un taller patrocinado por A.M.A., que tratará monográficamente este tema con extraordinarios ponentes como son Eduardo Torres Dulce, exfiscal General del Estado, que tratará la evolución de la responsabilidad médica en el derecho penal; José Manuel Maza Martín, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tratará la conveniencia de despenalizar la imprudencia profesional; Antonio Del Moral García, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que analizará las modificaciones del Código Penal con incidencia en el mundo sanitario, y Miguel Bajo Fernández, Catedrático de Derecho Penal, que estudiará la desaparición de las faltas y la situación real de los profesionales sanitarios ante la jurisdicción penal.

AS.- El programa del Congreso es muy completo pero, por último, no puede dejar de ahondar en aspectos como el baremo para la indemnización de daños sanitarios, la contratación pública con el caso de las subastas de medicamentos en Andalucía, la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el riesgo, o los problemas que generan las llamadas alternativas terapéuticas equivalentes.

RDL.- Desde hace ya más de 15 años, desde el Derecho Sanitario y desde nuestra Asociación, viene demandándose un baremo para el cálculo de las indemnizaciones por daños sobrevenidos con ocasión de las actividades sanitarias. Se han sucedido hasta siete intentos. Ya en el año 2004, la exministra de Sanidad, Elena Salgado, lo intentó regular mediante un acuerdo con el Ministerio de Justicia, las compañías de seguros y los profesionales sanitarios, que finalmente no se concretó, aunque sí se anunció oficialmente, precisamente, en nuestro Congreso Nacional de Derecho Sanitario de ese año, por el subsecretario ministerial. De estos intentos, el último es el más elaborado, ya que se ha traducido en una determinación precisa de secuelas y en una propuesta de tablas con la correspondiente puntuación, todo ello, adaptado a la Ley Reguladora del Baremo aplicable a los accidentes de tráfico, el cual, a su vez, ha sido utilizado por Juzgados y Tribunales a falta de un baremo específico. La Ley 35/2015, que aprueba una nueva versión del baremo aplicable a los accidentes de tráfico, establece un mandato para que el baremo sanitario vea por fin la luz, y así lo trataremos.

«Son muchos los pacientes que ven obstaculizados su acceso a la prestación farmacéutica»

La adquisición de medicamentos y la necesidad de gestionarla eficientemente son objetivos que comparten el conjunto de las Administraciones sanitarias por su evidente repercusión en la sostenibilidad del sistema sanitario público. Ahora bien, la contratación pública, que admite diversidad de modalidades y que pueden tener un alcance mayor o menor, se está mostrando como una materia que ha propiciado un debate intenso entre las distintas Administraciones a propósito de la transparencia, de la capacidad de suministro y de la competencia, entre otros aspectos. Las llamadas subastas de medicamentos en Andalucía vienen ocupando desde hace tiempo un lugar prioritario a la hora de abordar y discutir esta temática, y no podía dejar se ser objeto de debate jurídico en nuestro Congreso. Con referencia a la cohesión territorial, aunque en los últimos tiempos el debate en torno a la universalidad del Sistema Nacional de Salud viene ocupando muchos titulares en la prensa sanitaria, sin embargo, la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria y a las prestaciones del sistema, se ha convertido en una cuestión cada vez más urgente y más prioritaria. Son muchos los pacientes que ven obstaculizados su acceso a la prestación farmacéutica y, no pocos, los médicos que, de facto, han visto recortadas de manera importante su facultad de prescripción como consecuencia de toda una amplia tipología de barreras administrativas.

«Entre las limitaciones al llamado gasto farmacéutico destacan las derivadas de los llamados equivalentes terapéuticos»

Estudiaremos las sentencias que se han dictado por los Tribunales Superiores de Justicia contrarias a este tipo de prácticas, que habrían de reconducirse para que la cohesión territorial y la solidaridad dentro del Sistema Nacional de Salud no afecten seriamente a la viabilidad del mismo. Y con respecto a los problemas que generan las alternativas terapéuticas equivalentes, sobre el Sistema Nacional de Salud se han venido proyectando durante los últimos tiempos múltiples medidas para la contención del gasto sanitario, en orden a atender así a su necesaria sostenibilidad. El catálogo de medidas es amplio y, lamentablemente, se ha polarizado en el gasto farmacéutico, dejando para mejor ocasión otras reformas estructurales y organizativas que el sistema sanitario requiere con urgencia. A su vez, entre las limitaciones al llamado gasto farmacéutico destacan las derivadas de los llamados equivalentes terapéuticos, que han sido objeto de debate sanitario y de controversia jurídica. En el ámbito sanitario, se ha puesto de relieve que constituyen una nueva barrera para el acceso a la innovación, en tanto que, en el ámbito jurídico se ha llevado ante los Tribunales de Justicia, en este punto, hay que destacar, los pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, adoptando medidas cautelares y anulando licitaciones. Esta modalidad de barrera administrativa requiere una reflexión constructiva que permita conciliar los objetivos de eficiencia y calidad del gasto sanitario público con la práctica médica y los derechos de los pacientes.

AS.- El tema de la muerte digna también está siendo asunto de debate en los foros sanitarios en la actualidad. ¿Tendrá espacio en el Congreso?

RDL.- No en este Congreso. Ya lo hemos tratado en anteriores, aunque parece evidente que ante el caso Andrea, habrá que retomarlo nuevamente. En el ámbito del Derecho Sanitario, uno de los valores que, de forma sobresaliente, le otorgan a los seres humanos el estatuto de la dignidad lo representa, sin lugar a dudas, la autonomía del paciente, entendida ésta como la capacidad de autogobierno que le permite al paciente elegir razonadamente en base a una apreciación personal sobre las posibilidades futuras, evaluadas y sustentadas en un sistema propio de valores. Esta autonomía ejercida en libertad nos otorga el valioso ‘don’ de elegir personalmente frente a los diferentes y diversos proyectos de vida. La autonomía, entonces, debe facilitarse y garantizarse para todos y, asimismo, como ninguna persona tiene facultades para intervenir de alguna manera en dicha elección, deben establecerse todos aquellos mecanismos necesarios para impedirlo. El progreso humano y el grado de civilización, debe medirse por el respeto, la valoración y la protección de los más débiles y desfavorecidos: los discapacitados, los niños, y los ancianos… En definitiva, por la valoración de la dignidad humana. Volveremos a ello.

«La venida de refugiados aconseja diferenciar el abordaje de su asistencia sanitaria para adoptar las medidas más adecuadas con seguridad jurídica, con equidad y con solidaridad»

Pero sí se tratará también en este Congreso, sobre la predicción, la prevención y las nuevas tecnologías con su repercusión en la salud y el seguro; las reglas de intercambiabilidad y de sustitución de biosimilares; la información ética y publicidad de los seguros odontológicos o la identidad electrónica con seguridad en los centros sanitarios o, y no sé si olvido algún tema, pero estudiaremos una cuestión de gran actualidad, como es el de las prestaciones sociales y sanitarias en la inmigración irregular. Sobre este tema se está acrecentando el debate en torno a la suficiencia o insuficiencia de la normativa establecida en el Real Decreto Ley 16/2012, y su comparabilidad con las legislaciones de otros Estados Miembros de la Unión Europea. Al propio tiempo, un amplio número de comunidades autónomas han ido estableciendo medidas complementarias al efecto, de características y contenido muy variado. Precisamente por ello, se debe debatir la conveniencia de aprobar un protocolo o unos criterios comunes para evitar indeseables situaciones de desigualdad. Y por último, la venida de refugiados aconseja diferenciar el abordaje de su asistencia sanitaria para adoptar las medidas más adecuadas con seguridad jurídica, con equidad y con solidaridad.

AS.- En el momento de la celebración de este encuentro habrán transcurrido cuatro meses desde su reelección como presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Está satisfecho?

RDL.- El tiempo pasa muy rápido y la sensación, que por otro lado es la realidad, es que queda mucho por hacer. El Derecho Sanitario constituye una rama muy viva y en expansión dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque está muy conectado con los avances científicos y tecnológicos, y también porque necesariamente debe dar respuestas, y respuestas casi inmediatas, a los cambios en la estructura poblacional, y en la forma de abordar la organización de la gestión asistencial. La investigación biomédica, la e-Salud, el envejecimiento demográfico, el fenómeno de las enfermedades crónicas, los medicamentos biológicos, y la coordinación de los servicios sociales y sanitarios están abriendo nuevas áreas de actuación que reclaman respuestas también por parte de los poderes públicos.

«El Derecho Sanitario constituye una rama muy viva y en expansión dentro de nuestro ordenamiento jurídico»

De otra parte, la complejidad de las instituciones y organismos sanitarios hace necesario velar por la protección de la privacidad y de los derechos individuales. Como verá, hay pues un amplio repertorio de materias relacionadas con la asistencia sanitaria, pero a ellas hay que añadir otras singularmente sensibles como son las relacionadas con la salud pública. La prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables, la vacunación, la protección medio ambiental, son otros tantos temas en los que el Derecho Sanitario está presente. ¿Satisfecho?, soy perfeccionista y, en consecuencia, siempre todo es mejorable, pero dada la inmediatez del Congreso, se lo diré el próximo día 17 cuando termine.

 

 

 

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