Política y Sociedad De manera cautelar

El Constitucional suspende las 35 horas de jornada de funcionarios de salud de Castilla-La Mancha

— Madrid 4 May, 2016 - 5:18 pm

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, contra el artículo 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modificó la jornada laboral de trabajadores públicos, entre ellos los de Sanidad, de 37,5 horas semanales a 35, medida que ahora queda suspendida cautelarmente.

5 LogoCESMEsta decisión judicial, de la que se hizo eco la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y que está relacionada con la mencionada norma regional, la cual también regula la jubilación de los funcionarios, se produjo mediante una providencia. Además, se acometió basándose en el recurso interpuesto, pese a que el director de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Íñigo Cortázar, indicó a Acta Sanitaria en el mes de febrero que no creía que el Gobierno nacional fuera a recurrir.

“Dicho precepto reforma la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantía de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, continúa el Tribunal Constitucional.

A juicio de la citada instancia judicial, se acordó “dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes”.

“El Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del art. 161.2 de la Constitución”, prosigue el Tribunal Constitucional, que añade que dicho precepto establece que el Ejecutivo “podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas”.

Postura de CESM

De cualquier forma, el Alto Tribunal confirma que la admisión a trámite, así como la suspensión cautelar, “no suponen pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso”, ya que ello se resolverá en sentencia “en próximas fechas”. Precisamente en relación con este asunto, CESM sostiene que no aceptará “los despidos de 135 médicos contratados” en virtud de la ley de Castilla-La Mancha.

El recurso de la Administración nacional “afecta a cerca de 70.000 empleados públicos, incluido personal sanitario”, manifiesta esta organización sindical, cuyo presidente de su delegación en Castilla-La Mancha, José Luis Grau, asegura que la actitud del Gobierno central supone una “animalada”.

El representante de CESM en la mencionada región, que advierte “dudas importantes” en relación con la capacidad de recurrir una norma por parte de un Ejecutivo en funciones, considera que la admisión a trámite “es muy mala noticia”. “Espero que no se cumpla y que se pueda recurrir”, añade.

“Me parece que pocos médicos van a votar al PP”, pone de relieve José Luis Grau, que informa de que “además de CESM, los sindicatos de la Función Pública de Castilla-La Mancha, CCOO, UGT, Intersindical, CSIF y FSES (ANPE y Sindicato de Enfermería), han denunciado este nuevo ataque por parte del PP”.

El Consejo de Estado ve “fundamentos jurídicos suficientes” para el recurso

Por último, el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno nacional, sostiene que la norma en cuestión de Castilla-La Mancha “vulnera las competencias atribuidas al Estado por los artículos 149.1.7ª, 13ª y 18ª de la Constitución”. “Existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 7/2015, de 2 de diciembre”, concluye.

 

 

 

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