De la legitimidad de quienes lograron paralizar el proceso de adjudicación hospitalaria

El gobierno de la Comunidad de Madrid parece haber tropezado con un problema grave como consecuencia de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspender el proceso de privatización, ante la denuncia interpuesta por una serie de profesionales que consideraron que la modificación de los pliegos para, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público, hacer más llevadera la adjudicación de los hospitales a sus licitadores. Resulta que, en contra de la realidad, el gobierno regional alegó que el Partido Socialista no estaba legitimado para poner tal demanda, algo que no hizo, pues los firmantes son profesionales que lo hicieron a título personal como ciudadanos y trabajadores de los centros a concurso. Otro fallo de Lasquetty.

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