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Contrarréplica al artículo ‘La manipulación de la eutanasia. Réplica al doctor Montes’

En la edición del pasado 28 de mayo, Acta Sanitaria publicó una réplica, firmada por María Alonso, a un artículo firmado por Luis Montes y Carlos Barra que, a su vez, era respuesta a otro, de Elena Carrascal Garchitorena, centrado en los cuidados paliativos; en esta ocasión, se trata de una contrarréplica, sin que pretendamos cerrar el debate abierto en torno al tema.

Empezaré por señalar que la doctora Alonso ignora en todo momento de su réplica, ya desde el propio título, al doctor Barra, coautor con el doctor Montes del artículo al que replica. Es éste un gesto poco elegante a mi juicio, pues es norma de cortesía, no sé si escrita o sólo de uso, referirse a todos y cada uno de los autores de un trabajo o artículo siempre que sean menos de tres o, en caso de ser más numerosos, nombrar al primer firmante y referirse a los restantes con la fórmula “y colaboradores”. El asunto no es sólo formal; observo una tendencia entre determinados sectores opuestos a libre disposición de la propia vida a focalizar sus diatribas en el doctor Montes, trasmitiendo al público no informado -o intentándolo al menos- la impresión de que la defensa de la eutanasia es cosa exclusiva de Montes, cuando, por más que les pese, somos muchísimos médicos, sanitarios en general, juristas, docentes y gentes de toda condición y profesiones diversas quienes militamos activamente en esa causa. Confío que en el caso de la doctora Alonso, la omisión haya sido simplemente un olvido involuntario.

 

Respecto a la acusación reiterada de manipulación, salvando que todas las opiniones son en principio legítimas, me limitaré a recomendar a los posibles lectores de este cruce de opiniones la visita a la página web del colectivo Profesionales por la Ética del que forma parte la doctora Alonso, en que se titula “Nuevo éxito de la convocatoria de La Manif pour Tous: París vuelve a ser un clamor popular por el matrimonio y los derechos de los niños”, para referirse a la última manifestación en París contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ello dará una idea de qué consideración merece la acusación de manipulación informativa en boca la doctora Alonso, del colectivo Profesionales por la Ética. Para mí, y creo que para la gran mayoría de franceses y de españoles, los colectivos que se manifestaban en París, como los que lo han hecho reiteradamente en nuestro país, aparte de ser minoritarios en el conjunto de ambas ciudadanías, no pretenden obviamente defender el matrimonio entre personas de distinto sexo porque, simple y llanamente, no está siendo sometido a ningún ataque por unas leyes, que sólo amplían el derecho al matrimonio a ciudadanos y ciudadanas que hasta ahora lo tenían vedado. Respecto a la pretendida defensa de los derechos de los niños, sinceramente no sé si se defiende el derecho de los niños a desarrollar libremente su sexualidad (en la heterosexualidad estricta, supongo), o a tener padres que respeten su libertad de decidir en todo momento. En todo caso, una cosa es defender derechos y otra pretender impedir que otros accedan a ellos, disimulando y engañando. Y manipular la información sobre el tema, además.

 

Los derechos en democracia son renunciables, por eso, los holandeses, belgas, luxemburgueses o suizos -por limitarnos a Europa- que no consideran acorde a su moral el recurso a la eutanasia o al suicidio asistido, simplemente no los llevan a cabo. En seguida comentaré sobre la afirmación de la doctora Alonso relativa a personas presuntamente “obligadas” a la eutanasia.

 

Sobre la insistente referencia de la doctora Alonso a que la normativa relativa a las instrucciones previas (o testamento vital) no obliga a los médicos al cumplimiento de instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico o a la lex artis, le diré que efectivamente es así, lo que pasa es que los doctores Montes y Barra no se han referido en ningún momento a las instrucciones previas en su artículo, sino a que tanto la Ley de Autonomía (L.A.) como las “de muerte digna” de Andalucía, Navarra y Aragón, reconocen el derecho a dejarse morir rechazando cualquier “actuación en el ámbito de la salud”, porque todas ellas requieren de su consentimiento (artículo 8.1 L.A.). Desde luego no seré yo quien entre a discutir si la alimentación por sonda o la hidratación intravenosa son cuidados básicos irrenunciables o actuaciones en el ámbito de la salud. Sencillamente porque el concepto de “cuidados básicos irrenunciables” no pertenece al ámbito científico ni legal sino al ideológico-religioso. Pero ya que en ello estamos, lo que considero personalmente muy sorprendente es el hecho de que la madrileña ley 3/2005, sobre Instrucciones Previas en el ámbito sanitario, establezca en su artículo 3.3 que “los profesionales sanitarios podrán ejercer la objeción de conciencia con ocasión del cumplimiento de las instrucciones previas”, toda vez que el artículo 11.1 de la misma ley restringe las disposiciones admisibles a aquellas que respetan del ordenamiento jurídico y la lex artis. La formulación de ese presunto derecho de nuevo cuño para profesionales sanitarios a incumplir deseos legales y admitidos por la lex artis -lo único, insisto, que tienen cabida en las instrucciones previas- además de injustificable, pone en peligro el derecho real del paciente a decidir anticipadamente sobre sus cuidados.

 

Y ya que estamos en la lex artis, dice la doctora Alonso que los actos de ayuda a morir “no constituyen actos propiamente médicos y son contrarios a la deontología profesional”. Pues tendrá que admitir la doctora Alonso que, a tenor de la encuesta del CIS (estudio 2.803) de 2009, hace tan sólo cuatro años, según la cual “el 75,7% de los médicos opinaba que debería permitirse por ley la eutanasia y el 64,2% el suicidio médicamente asistido en el caso de pacientes con cáncer terminal y, con porcentajes ligeramente inferiores, para enfermedades degenerativas que incapacitarán física o mentalmente en el futuro” (repito el párrafo de Montes y Barra que parece habérsele pasado a la doctora Alonso); digo que, a tenor de esa encuesta, resulta que la inmensa mayoría de los médicos españoles están en desacuerdo con esa deontología definida por personas que, evidentemente, no representan el sentir de la profesión. Tal vez alguien debería meditar sobre ello. Al respecto de las encuestas del CIS, dice la doctora Alonso: “Sobre los datos del CIS 2002, en los que el 59,9 % de los médicos están a favor de la eutanasia, lo que se muestra es que se está priorizando la libertad de decisión individual, propio de nuestra cultura”; sí, eso es, efectivamente. Lo sorprendente es que la autora del artículo, con el burdo recurso de ignorar el estudio de 2009, intente convencernos de que los datos sobre la aplicación de la eutanasia en Holanda o Bélgica serán capaces de cambiar la opinión de los médicos. Desde luego, hasta 2009 no fue así sino todo lo contrario; del 59,9% a favor al 75,7% en 7 años. De haber seguido la tendencia, debemos estar cercanos al 84% de apoyo médico a la eutanasia.

 

Porque lo cierto es que los datos oficiales y contrastables sobre la aplicación de la eutanasia o suicidio asistido en los países que la tienen despenalizada no han promovido ningún cambio sustancial en la normativa, como no sea la ampliación de los supuestos en que se despenaliza su aplicación (la famosa pendiente deslizante) ¿Qué significan pues los datos que la doctora Alonso nos ofrece al respecto? Pues significan sencillamente que, como es costumbre en los autotitulados pro vida, “reinterpreta” los datos oficiales rotulando como eutanasias no solicitadas la sedación de pacientes terminales, por ejemplo. Desde luego, ninguna credibilidad merecen los datos aportados por alguien que como la doctora Alonso denomina “primer caso de eutanasia encubierta al amparo de la Ley de muerte digna de Andalucía” a un caso típico de renuncia al tratamiento como el de Ramona Estévez. Coincide la opinión de la doctora Alonso con la expresada públicamente en su momento por el obispo de Huelva considerando el caso una eutanasia. Es lo que tiene analizar la realidad tomando como referencia la opinión de los obispos: puede uno terminar considerando que el tenedor es un instrumento infernal cuyo uso contraviene el plan de dios que nos dio los dedos para comer con ellos…antecedentes hay.

 

Respecto a la imagen de ancianos atemorizados emigrando a otros países para evitar la eutanasia involuntaria e impuesta, resulta patética. No la imagen, lo patético es que una persona con estudios universitarios recurra a tal argumento que es un insulto a la inteligencia de cualquiera, con estudios o sin ellos. Doctora Alonso: que una asociación confesional a juzgar por lo de Santuario, distribuya “pasaportes para la vida” entre los ancianos holandeses no demuestra que éstos corran riesgo de ser asesinados en el hospital, lo que demuestra es que esa fundación religiosa y quienes están detrás de ella, ponen tiempo, dinero e intención en asustar a pobres ancianos. La verdad, no me parece muy caritativo.

 

Concluiré con un comentario sobre la afirmación de que quienes creen en la sacralidad de la vida han conseguido sociedades más justas, la prohibición de la pena de muerte, etc., etc. Eso, doctora Alonso, no es un insulto a la inteligencia, eso es algo peor: un insulto a la dignidad. La iglesia con la que ustedes se identifican en el ideario expuesto en su página web, no sólo no ha hecho nunca nada por oponerse a la pena de muerte, sino que la ha administrado a mansalva y muy cruelmente a cualquier disidente o herético durante todos los siglos en que ha tenido suficiente poder para ello. Y, por cierto, algunos estamos esperando que esa iglesia, los profesionales por la ética y demás “providas” alcen su voz para parar el goteo de personas que, involuntariamente sin duda alguna, empujados por la codicia de los bancos y ayudados por los poderes del estado, terminan colgados de una viga antes de que los echen de sus casas. Esas sí que son muertes no voluntarias.

 

Fernando Soler Grande es Médico especialista de Aparato Digestivo y miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente

 

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