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Dudas sobre el convenio para la asistencia ‘transfronteriza’ entre Madrid y Castilla La Mancha

El portavoz de Sanidad de UPyD analiza las dudas que suscita, por sus características diferenciales, el convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha para la asistencia sanitaria entre ambas comunidades 

Recientemente los parlamentos autonómicos de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha aprobaron, con los votos en solitario del Partido Popular (PP), un nuevo convenio de colaboración en el ámbito de la atención sanitaria. Al ser un convenio entre comunidades autónomas, queda aún pendiente su tramitación en el Senado.

La fragmentación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en diecisiete servicios autonómicos y el INGESA (Instituto de Gestión Sanitaria, para Ceuta y Melilla), el fracaso de los sistemas previstos para la compensación económica de los costes sanitarios a pacientes “desplazados” y la ausencia de un liderazgo real por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde que se completó la transferencia de la competencia de la atención sanitaria a las CCAA, han llevado a que la asistencia sanitaria “transfronteriza” se haya convertido en una fuente de conflictos en nuestro sistema sanitario.

El acuerdo no garantiza la libre circulación, verdadera y sin restricciones, en nuestro Sistema Nacional de Salud, sino que crea pacientes de primera y segunda categoría en Castilla La Mancha en función de su lugar de residencia

Los convenios de cooperación entre distintas administraciones se pueden ver con esperanza de cara a la eliminación de barreras autonómicas a la movilidad de pacientes y profesionales sanitarios en nuestro país, pero no dejan de ser un parche que no resuelve el fondo de la cuestión: el reparto competencial. Parche, y no otro calificativo, merece aquella medida que intenta resolver un problema sin erradicar las causas del mismo. Estamos intentando salvar un obstáculo que hemos creado nosotros mismos sin analizar a fondo cómo lo hemos construido. Es una verdad incómoda, pero es lo que hay.

La especificidad del convenio Madrid-CLM

El convenio ‘transfronterizo’ entre Castilla-La Mancha y Madrid presenta además particularidades que no se recogen en otros convenios sanitarios entre CCAA. Me gustaría señalar solo dos.

Por un lado, el acuerdo no garantiza la libre circulación, verdadera y sin restricciones, en nuestro Sistema Nacional de Salud, sino que crea pacientes de primera y segunda categoría en Castilla La Mancha en función de su lugar de residencia. Así, los del norte de la provincia de Toledo podrán elegir ser o no atendidos de forma habitual en un hospital madrileño, que en algunos casos no será el más cercano, mientras que los de Guadalajara sólo serán derivados para prestaciones concretas. La razón de esta discriminación no fue aclarada en el debate parlamentario que, a instancias de UPyD, se produjo en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid.

Por otra parte, las condiciones económicas del convenio incluyen un pago por habitante y año (cápita) que no se corresponden con los cálculos que publicó la consejería de Sanidad madrileña cuando, en 2012, se planteó privatizar la gestión de dos de los hospitales implicados. Desde el punto de vista económico, hay una administración autonómica que gana y otra que pierde, aunque en estos momentos no sepamos cuál. Sinceramente, da la impresión de que la parte económica del convenio ha sido consecuencia de un regateo entre las consejerías de Sanidad y Hacienda de ambas CCAA más que de un cálculo objetivo y justo de costes, lo que genera dudas sobre las consecuencias que va a tener para el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y para Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) a medio y largo plazo.

En conclusión, en mi opinión este convenio sanitario se ha firmado con prisa antes de que se acabe la legislatura, pocos meses antes de unas elecciones, y sigue sin ser una solución definitiva a una problemática que, en un país con un funcionamiento correcto de sus instituciones, no debería afectar a ningún paciente.

Enrique Normand

Médico Oftalmólogo y, durante la pasada legislatura, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid. Twitter: @enriquenormand

1 Comentario

  1. T M says:

    Parece que está tardando demasiado evitar que el fraccionamiento, provocado por el estado de las autonomías, afecte a los ciudadanos de a pie que viven en zonas limítrofes.
    Oportuno y adecuado el análisis.

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