Punto de vista

Clasificación de los Ciudadanos por Nivel de Renta para el Copago Farmacéutico

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A juicio de estos dos representantes de la Inspección de Servicios Sanitarios, la clasificación de los ciudadanos en función de su renta para la aplicación de los nuevos niveles de ‘copago farmacéutico’ precisaría, para su correcta aplicación, que se notificara legalmente a cada usuario la categoría a la que ha sido asignado, a los efectos de su participación en tal copago, u otros que pudieran introducirse, incluido el pertinente pie y plazo de recurso a ejercer en caso de disconformidad.

El RDL 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, modificaba la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, añadiéndole un nuevo «Artículo 94 bis. Aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica». Según éste, se crea un esquema de cuatro categorías de usuarios para el copago farmacéutico (10%, 40%, 50% y 60%) en función de sus respectivos “niveles de renta”, sin perjuicio de ciertos casos exentos de aportación (0%), frente a las actualmente existentes de activo (40%) y de pensionista (0%). Consecuentemente, el RDL 16/2012 establece mecanismos para la cesión de la información necesaria por parte de la Administración Tributaria (disposición adicional tercera y disposición final cuarta).

 

Sin entrar a debatir sobre la injusticia social e inoportunidad de regresar, en momentos de crisis (cuando se hace más necesario, aunque se pretenda argumentar como su causa), a un sistema sanitario de aseguramiento frente al Sistema Nacional de Salud (SNS) universal, logrado durante los últimos treinta años, nos gustaría hacer las siguientes consideraciones.

 

1. Resulta difícil de entender que un sistema social estratégico y de redistribución de la renta, como la sanidad, se pretenda cofinanciar mediante el instrumento fiscal de la tasa ligada al uso de ciertas prestaciones, cuando no es el beneficiario sino el técnico prescriptor el que decide su empleo (es el médico, y no el paciente, el que receta un medicamento, una prueba, una intervención). Además, antes o después, toda la población terminará haciendo uso del sistema, sin perjuicio de que el tratamiento de los enfermos protege en gran medida a los sanos, lo que podría entenderse como un uso indirecto por parte de éstos. Por ello los sistemas universales de salud se financian fundamentalmente por impuestos progresivos. Y, si se estimara preciso dedicar una mayor cantidad de recursos públicos a la sanidad, lo más razonable sería hacerlo por la vía de impuestos en función de la renta y del patrimonio mediante el sistema fiscal cuya organización y capacidad ya ha sido comprobada. ¿Qué progresividad hay en una clasificación en que los tramos son: hasta 18.000 €, de 18.000 a 99.999 € y de 100.000 € y más? ¿Qué organización, garantías, calidad y nuevos costes va a tener este nuevo sistema recaudatorio, comparativamente al de la Administración Tributaria?

 

2. La clasificación de los ciudadanos, usuarios o beneficiarios, en categorías de poder económico, aunque no se produjeran filtraciones de datos fiscales, podría propiciar cierta estigmatización de los asignados a los grupos extremos (¿”pobres”, “vips”?), así como fomentar un gradiente de niveles de prestaciones y de calidad asistencial, que podría ofertarse por los diversos proveedores de servicios sanitarios (farmacias, clínicas) en función de dichas categorías personales, discriminatoriamente. Es indudable que el cambio del statu quo va a producir también un reforzamiento del usuario en el proceso de la toma de decisiones clínico terapéuticas y de coste-beneficio (¿coprescriptor?) como resultado de su mayor e inmediata participación financiera en la asistencia sanitaria.

 

3. Según han difundido los medios de comunicación, como resultado del “cruce” de información realizada entre las bases de datos de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), Seguridad Social y Hacienda, han aflorado una serie de presuntos fraudes, errores censales o falta de datos. Aunque toda la información resultante hubiera sido perfectamente coherente, desde nuestro punto de vista la inclusión de un ciudadano o paciente en una clasificación de renta o riqueza personal, a efectos de imputar su grado de participación en el copago sanitario, puede entenderse como una Resolución administrativa en los términos expresados por el artículo 107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y, por lo tanto, susceptible de Recurso administrativo, dada la trascendencia para la integridad del patrimonio del ciudadano clasificado en uno u otro nivel de renta. Por ello, cualquier actuación clasificatoria debe estar sujeta a los mecanismos propios de un Estado de Derecho, tales como el acceso a registros y archivos públicos para conocer y, en su caso, rectificar los posibles errores detectados.

 

Es decir debe poderse conocer (como así ocurre con la información fiscal a disposición en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT) la información que la Administración tiene de un ciudadano y se debe poder exigir la rectificación de lo erróneo, tanto por la Ley 58/2003, General Tributaria como por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez conocida la información, la clasificación es en sí misma una Resolución administrativa o acto administrativo sujeto al régimen de Recursos Administrativos y, posteriormente, de carácter jurisdiccional ante los Tribunales de Justicia.

 

Luis Garrido y José M. MoránPor todo lo anterior, consideramos razonable y exigible que, para una correcta aplicación de estas reformas introducidas por el RDL 16/2012, las Administraciones central y autonómicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberían notificar legalmente a cada usuario la categoría a la que ha sido asignado, a los efectos de su participación en el “copago farmacéutico” u otros que pudieran introducirse, incluido el pertinente pie y plazo de recurso a ejercer en caso de disconformidad.

 

Finalmente, como miembros y representantes de un colectivo profesional dedicado a la Inspección de Servicios Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, no podemos terminar esta exposición sin pedir que se diseñe el oportuno programa de evaluación global de las reformas introducidas, tanto desde el punto de vista operativo como de los efectos sanitarios y económicos producidos.

 

Luis M. Garrido Gámez y José M. Morán Llanes son presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS)

 

Acta Sanitaria

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