Política y Sociedad Desde la constitución de la red en 2014

REDER documenta 4.000 casos de personas con dificultades para recibir asistencia médica en España

— Madrid 5 Oct, 2017 - 11:34 am

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER) ha publicado un nuevo informe en el que documenta unos 4.000 casos de personas con dificultades para recibir asistencia médica en España, cuando se cumple un lustro de la entrada en vigor de esta normativa que cambió el sistema de salud español y que, según la Red, excluyó a decenas de miles de personas de la atención sanitaria normalizada.

La Red registra –sólo desde su constitución en 2014- casi 4.000 casos de personas excluidas del Sistema Nacional de Salud (3.784): 158 embarazadas, 270 menores de edad, 57 personas enfermas de cáncer, 78 con enfermedades cardiovasculares y 109 con diabetes, entre otros ejemplos.

«Además, 364 no recibieron atención médica en urgencias o se les intentó cobrar por ell,o y a 72 personas de avanzada edad y 29 solicitantes de asilo se les denegó la tarjeta sanitaria», prosigue la organización contraria al RD 16/2012.

Cuatro objetivos

El informe ‘La sociedad civil frente a la exclusión sanitaria. Defender nuestra Sanidad‘ repasa los cuatro objetivos principales de las entidades agrupadas en REDER durante estos cinco años. «En primer lugar, hay que destacar la resistencia de los profesionales sanitarios, que se negaron a colaborar con esta injusticia y declararon su objeción al RDL 16/2012, exponiéndose a recibir sanciones por defender el derecho humano a la salud», detallan desde la red.

Posteriormente, prosigue REDER, varias organizaciones publicaron una decena de informes documentando «rigurosamente las consecuencias de la exclusión sanitaria y la han denunciado ante instituciones como la Defensoría del Pueblo, u organismos europeos y de Naciones Unidas (ONU)».

Legislación en marcha

«Paralelamente, han empleado todos los medios a su alcance –desde la prensa a las redes sociales- para dar a conocer una realidad que el Gobierno ha tratado siempre de negar. Y han actuado para cambiar la situación, promoviendo pactos políticos como lo de 2015 o 2017», agrega el organismo.

Por último, REDER afirma que «la denuncia constante de las consecuencias que está teniendo esta legislación en la vida de las personas también ha logrado que todas las comunidades autónomas –a excepción de Castilla y León, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– hayan aprobado medidas con la intención de paliar sus efectos».

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