Política y Sociedad

Carmen Peña: “El pago de la dispensación de medicamentos tiene que resolverse porque es una cuestión de Estado”

Acta Sanitaria.- Al margen de anuncios públicos de retrasos en el pago en algunas autonomías, ¿en que situación están las farmacias españolas?

Carmen Peña.- Tenemos una fotografía fidedigna de lo que está ocurriendo, que no es sino consecuencia de la propia esencia del medicamento en España. El medicamento está financiado por el Sistema Nacional de Salud con fondos públicos y los problemas comienzan cuando comienzan los de los fondos públicos. Al ser las Comunidades Autónomas las pagadoras de la factura farmacéutica, -el famoso mal llamado gasto farmacéutico, que es gasto público en medicamentos-, en unos años de crisis, con unos gastos superiores a los ingresos, una de las partidas sobre la que impacta ese desequilibrio es la sanidad y dentro de la sanidad, el medicamento. Lo que estamos viviendo es que no tienen dinero efectivo para cerrar el año.

 

A.S.- ¿En qué comunidades está habiendo más problemas?

C.P.- No voy a entrar en dar nombres.. Yo soy como una madre de hijos mayores que cada uno tiene su casa, y yo estoy para ayudar y no para crearles conflictos. Porque una de las cosas que tengo muy clara, desde que estoy en la presidencia de este Consejo General, es que tengo que ser muy respetuosa con que el precio del medicamento es un asunto de Estado, pero la prestación farmacéutica es una transferencia sanitaria y, por lo tanto, yo tengo unos compañeros responsables estatutariamente de todo ese proceso concreto. Otra cosa es que, como representante de un órgano estatal, esté absolutamente pendiente coordinando, buscando equidades y soluciones con ellos en aquellos puntos donde se pueda entrar en conflicto.

 

A.S.- ¿Y cómo está viviendo el farmacéutico esta crisis presupuestaria?

C.P.- Con mucho sufrimiento. Porque, la farmacia es un establecimiento privado de interés público, y esto quiere decir que tiene todas las actuaciones de un establecimiento privado a la hora de buscar soluciones ante gastos, nóminas, impuestos… Sin embargo, el trabajar por y para el medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud -no podemos olvidar que el 85% de lo que dispensan las farmacias españolas está pagado con fondos públicos- condiciona toda tu labor asistencial. En este último aspecto, nuestro único cliente es la Administración; y si la Administración sufre o tiene problemas económicos, nosotros entramos en una autentica crisis. Cuando algunas administraciones no conocen bien lo que es el mundo de la sanidad y, dentro de ella, el mundo de la farmacia, podemos entrar en conflictos hasta que nos vean, no como unos proveedores sino como unos agentes de la salud, que lo que hacen es ser el brazo estratégico del Sistema Nacional de Salud para que los pacientes españoles accedan al medicamento financiado por el sistema. Si eso no se entiende, cuando hay retrasos no es que estén dejando de pagar a un colectivo determinado, sino que lo que están dejando de pagar es el medicamento financiado; cuando una farmacia presenta su factura a la Administración, ya ha pagado el 70% del coste a la industria y a la distribución.

 

A.S.- ¿Debería considerarse la factura una retribución profesional, igual que la de otros profesionales de la sanidad?

C.P.- El proceso es más complejo. Cuando la farmacia entrega la factura, sobre cien, el 75% ya se ha pagado a la industria y la distribución, pero bien es verdad que el medicamento tiene un PVP, un compendio del precio del laboratorio y los márgenes de la distribución y la farmacia, que al final se tiene que hacer responsable de todo ese proceso. Hay una diferencia entre el medicamento hospitalario y el ambulatorio. El coste real del medicamento para la Administración confunde, porque todo lo que hace el hospital en inversiones, nóminas… no se refleja en el pago del medicamento. De ahí que resulte curioso que pueda parecer que el medicamento hospitalario vaya bajando y el medicamento ambulatorio, subiendo a efectos de factura. Hay una posición de algunas administraciones muy cortoplacista, que para mantener la factura en medicamento ambulatorios, los pasa a hospitalarios y los hace desaparecer del impacto sobre la factura.

 

A.S.- En este sentido se han producido recientemente dos sentencias en Cantabria y en La Rioja que dan la razón a los farmacéuticos

C.P.-  Se trato de un aspecto planteado como un tema territorial sobre el que, desde mi punto de vista, se carecía de competencias, pues la aprobación, el registro y el precio de los medicamentos es un tema de Estado, mientras que la ordenación la prestación y el servicio son autonómicos. Estos deciden dónde se debe ubicar un ambulatorio o una farmacia, pero no pueden decidir qué medicamentos van a uso hospitalario o al uso ambulatorio. Tiene que ser el Estado, en coordinación con las autonomías, el que decida y no por un aspecto fármaco-económico, sino por un tema de especial seguimiento. Es algo infantil rebajar la factura, -algo muy popular-, pero lo llevan a otra partida de gasto, que es menos pública y no tan transparente.

 

A.S.- ¿Qué efectos está teniendo la legislación autonómica sobre las farmacias?

C.P.-  En 11 años hemos tenido 18 medidas del gobierno central que han afectado a la farmacia. Nos hemos empobrecido todas, pero, como somos muy heterogéneas en función de la ubicación, las pequeñas y medianas se nos ahogan. La planificación es buena para el ciudadano, porque aseguramos que tenga una farmacia donde vive, cosa que no sucede en el resto del mundo. Pero esa misma planificación nos lleva a que tengamos desequilibrios internos. Las medidas se duplican. Las medidas de ámbito estatal son para las autonomías, para ayudar a las comunidades autónomas en su control de la factura. Pero luego, sobre sus necesidades individuales de ingresos y gastos, las autonomías toman iniciativas que son competencia del Estado. Lo peor es cuando van acumulándose medidas unilaterales, pues algunas de ellas impactan sobre el mismo sector, sin tener competencias

 

A.S.- La deuda autonómica ¿pone en peligro a alguna farmacia o a su provisión de medicamentos?

C.P.-  Desde el año 2000 venimos diciendo que estas medidas ponen en peligro a las farmacias y hay gente que me pregunta ‘¿y dónde se están cerrando farmacias?’ Ya hay indicios de cierre en Castilla La Mancha y en Cataluña. Pero, también me preguntan ‘si los recortes son tan fuertes, ¿por qué el impacto no es más evidente?’ La respuesta es que en la farmacia somos en un 70% mujeres. Podemos estar solteras, casadas, separadas o viudas, y podría ser considerado es un segundo sueldo en la familia. Bueno ahora yo diría que el primero. Lo que hacen, más que irse, es ajustar los tiempos de trabajo en función de cuándo viene el médico. Y además, como a esa mujer le han dado una autorización administrativa, espera para ver si, a través de carrera profesional, puede conseguir en nuevas aperturas un mejor puesto el día de mañana.

 

A.S.- Una de las peticiones que se hace al farmacéutico en esta época de crisis es que, ser un profesional autónomo, debe asumir riesgos como el resto.

C.P.-  Sí, somos unos profesionales autónomos desde un punto de vista fiscal, pero el producto que dispensamos no es una mercancía; es un producto estratégico pagado con fondos públicos y con precios intervenidos. Y esa es la gran diferencia que puede haber con cualquier otro profesional autónomo. El profesional será autónomo, pero la factura es pública.

 

A.S.- A un paso de las elecciones, ¿optimismo o pesimismo con la deuda acumulada?

C.P.-  Más que optimismo, trato de ver las cosas desde el pragmatismo. Porque no creo que estén dejando de pagar a un colectivo; seríamos unos más dentro del gran drama laboral. Están dejando de pagar el medicamento que necesita la población. Creo que es un asunto tan de Estado, que traspasa el hecho de que este colectivo cobre o no cobre. Esto no es un tema de proveedores. No. Lo que no se está pagando es el medicamento financiado en un sistema nacional de salud universal y solidario; lo que estamos haciendo es poniendo en crisis, no el estado de bienestar, sino el propio Sistema Nacional de Salud. El tema es de tal trascendencia que, en mi pragmatismo, que no optimismo, pienso que es sí o sí. Es innegociable que esto no se resuelva, porque estamos dando en la línea de flotación de uno de los pilares estratégicos del propio sistema que es la prestación sanitaria.

 

A.S.- Usted ha dicho que los farmacéuticos no son proveedores. ¿Cuál es su nuevo papel en el ámbito sanitario?

C.P.-  La farmacia española ha superado con creces los test de estrés como modelo, que ya formamos parte del entramado social y, además, no nos deslocalizamos cuando vienen problemas. Aquí somos parte de la solución y no del problema de la salida de la crisis en materia de salud. Estamos enraizados en el Sistema Nacional de Salud como el resto de los profesionales. Por lo tanto, vamos inexorablemente, -porque la sociedad nos lo está demandando-, a un modelo asistencial, en el que la dispensación del medicamento sea una parte más. Somos una sociedad muy diferente a la que hemos recogido de nuestros padres. El siglo XX era una sociedad de agudos, ahora estamos en una sociedad de crónicos, polimedicados, con varias patologías, con falta de adherencia a los tratamientos… ahí hay una labor importantísima de la farmacia comunitaria: en el seguimiento de la medicación, con plena libertad del paciente; la atención farmacéutica domiciliaria. En materia de dependencia la mejor ayuda es la farmacia comunitaria que la tiene el paciente al lado de su casa. Hay una labor que las farmacias estamos dispuestas a asumir, pero necesitamos un paraguas legal. Esto es una evolución asistencial que ya está ocurriendo

 

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