Según se recoge en el texto del manifiesto, sus firmantes, profesionales e instituciones, se declaran a favor de criterios clínicos de diagnosis y, por lo tanto, en contra de la imposición del 'Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales' de la American Psychiatric Association como criterio único en la clínica de las sintomatologías psíquicas. Asimismo, denuncian la imposición del tratamiento único -terapias tipificadas para trastornos formateados- por el menosprecio que supone a las diferentes teorías y estrategias terapéuticas, y a la libertad de elección de los pacientes. 'En el momento actual, dicen en su escrito, asistimos al devenir de una clínica cada vez menos dialogante, más indiferente a las manifestaciones del padecimiento psíquico, aferrada a los protocolos y a tratamientos exclusivamente paliativos para las consecuencias, y no para sus causas.
Seguridad y libertad
En consecuencia, defienden un modelo sanitario donde la palabra sea un valor a promover y donde cada paciente sea considerado en su particularidad. Manifiestan también su repulsa a las políticas asistenciales que persiguen la seguridad en detrimento de las libertades y los derechos, así como a las políticas que, con el pretexto de las buenas intenciones y de la búsqueda del bien del paciente, lo reducen a un cálculo de su rendimiento, a un factor de riesgo o a un índice de vulnerabilidad que debe ser eliminado, poco menos que a la fuerza.
En el manifiesto se recoge la oposición de los firmantes a la existencia de un 'Código de Diagnostico Único Obligatorio y Universal'. En cuanto al método clasificatorio del DSM, constatan que se puede clasificar, amontonar o agrupar muchas cosas, pero eso no es establecer una entidad nosográfica en un campo determinado. Por último, y en la misma línea que lo anterior, señalan que la estadística empleada en el DSM tiene un punto de partida débil: la ambigüedad del objeto sobre el que se opera, es decir, el concepto de trastorno mental.