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| 3 de Septiembre de 2010 |
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| UGT DENUNCIA EL 'GRAN LÍO' DE UNA SANIDAD MADRILEÑA DESCONTROLADA Y MERCANTILIZADA |
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Isabel Navarro expone las conclusiones del informe |
Madrid 10/03/2010 El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, ha hecho público el 'Informe de situación de la Comunidad de Madrid 2009-2010', en el que el sindicato detalla el estado de los servicios públicos de ésta y dedica un apartado a la Sanidad, un ámbito que, según el secretario, se ha convertido en un "gran lío" bajo el Gobierno mercantilista de Esperanza Aguirre. |
Durante la presentación de este informe, José Ricardo Martínez e Isabel Navarro, secretaria de Análisis y Estrategia de UGT-Madrid, denunciaron el agravamiento paulatino de la situación de crisis a la que se enfrenta la Sanidad madrileña, un problema ante la cual el sindicato piensa tomar medidas junto a Comisiones Obreras. "Las cosas en la Comunidad están muy mal y esto lleva a UGT a hurgar soluciones más allá del juego político del Gobierno Regional", anunció el secretario tras asegurar que los servicios públicos se encuentran en una pendiente sin retorno con el Gobierno del Partido Popular.
El Área Única: injusta e injustificada
El informe de UGT refleja que la manifestación reciente y con más repercusión en la Sanidad madrileña, así como la que más puede hipotecar el futuro inmediato de la asistencia sanitaria en la Comunidad, se produjo con la aprobación de la Ley de Libertad de Elección y su Área Única, una norma que llevó a los sindicatos a presentar un recurso ante el Defensor del Pueblo y a solicitar la intervención del Ministerio de Sanidad, de quien, asegura, recibieron una respuesta "muy tibia".
En este sentido, el informe concreta que el Ministerio ha admitido la entrada en vigor de la nueva norma autonómica con un argumento "muy peligroso", al subrayar que la propia Ley General de Sanidad permite excepciones y que son las mismas Comunidades Autónomas las que, en su marco de competencias, pueden establecerlas. Según UGT, Sanidad debe conocer y garantizar que se cumpla el derecho a la protección de la salud, fijado en la Constitución, en todo el territorio nacional y en condiciones de igualdad para todos los españoles, residan en la Comunidad autónoma que residan. "Queremos reiterar nuestra oposición a una medida muy efectista pero muy poco seria como es el Área Única, así como el lío, el descontrol, el desgobierno y la competencia desleal generados por el Gobierno Autonómico", subrayó el José Ricardo Martínez.
La Sanidad madrileña cotiza en Bolsa
Los autores del informe añaden que las intenciones privatizadoras de estos hechos y actuaciones concretas son evidentes y que, a consecuencia de todo ello, lo que se puede estar poniendo en peligro es la estabilidad del Servicio Madrileño de Salud y, por tanto, la atención sanitaria de los habitantes de la Comunidad, "que ya perciben con inquietud determinadas disfunciones en este escenario". Tal y como añadió el secretario general, "la Sanidad madrileña cotiza en Bolsa", y es que, según explicó, varias compañías se están adueñando de los hospitales de la Comunidad. "El interés de las empresas que cotizan en Bolsa es el beneficio económico por lo que tengo serias dudas acerca de lo que pretende conseguir la Consejería de Güemes", señaló.
Por otro lado, además de analizar la escasa financiación del Gobierno de Esperanza Aguirre a la Sanidad (es la segunda Comunidad, por detrás de la Valenciana, que menos destina a este ámbito), y la reducción de puestos de trabajo para los profesionales sanitarios, aseguró ser absolutamente crítico con la "mentira" que supone el Plan Integral de Reducción de las Listas de Espera del Gobierno Autonómico, una medida que gira en torno al "trilerismo y la piratería numérica, con los que estafan a la salud de los madrileños".
Riesgo de emergencia social
Según explicó Isabel Navarro, también los Servicios Sociales de la Comunidad se encuentran en un estado de grave deterioro dado que, entre otras deficiencias, un total de 186.100 personas con discapacidad severa y total no recibieron ayudas de ningún tipo durante 2008, mientras que sólo 90.200 contaron con algún recurso. Dos años después, el panorama apenas ha variado, según concretó la sindicalista, por lo que, "la Comunidad va a enfrentarse a un estado de emergencia social". Tal y como añadió la secretaria, "es una situación sangrante, hasta el punto de que se han dado casos en los que la persona dependiente ha fallecido antes de ver reconocido su derecho", afirmó.
Arantxa Mirón Millán
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