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| 3 de Septiembre de 2010 |
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| FENIN APELA A LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MOROSIDAD |
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Margarita Alfonsel |
Madrid 10/03/2010 La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) considera imprescindible "voluntad política" para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre morosidad en las operaciones comerciales con las administraciones sanitarias, según comentó la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, en su comparecencia ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados. |
En la citada comparecencia parlamentaria, celebrada este martes 9 de marzo, la secretaria general de Fenin analizó la situación actual de cumplimiento de la legislación de morosidad y las propuestas de modificación de la Ley 3/2004 con el fin de resaltar la condición de las empresas de tecnología sanitaria de "cofinanciadoras del sistema sanitario, algo que distorsiona la economía del Estado y de las comunidades autónomas y pone en grave peligro la sostenibilildad del Sistema". Según los datos aportados por Fenin, las administraciones sanitarias adeudan, a cierre del ejercicio 2009, alrededor de 3.000 millones de euros a las empresas del sector, un 20% más que el año anterior y los plazos de pago son hasta diez veces superiores a los establecidos por la ley actualmente en vigor, periodo que se ha incrementado en un 34,5% a lo largo del último año.
Incumplimiento generalizado
Desde hace veinte años, Fenin ha interpuesto más de 4.300 demandas judiciales por intereses de demora o principal de la deuda, con sentencias siempre favorables a los planteamientos del sector. Esta situación, comentó Alfonsel, "demuestra que la Ley 3/2004 y la legislación de contratación son un marco adecuado, pero existe un incumplimiento generalizado. La existencia de voluntad política para afrontar el cumplimiento de la legislación existente se traduciría en la eliminación de la morosidad, en la concienciación de las administraciones públicas sanitarias para la definición de presupuestos realistas, suficientes y estables y tendría su reflejo en una mayor estabilidad empresarial".
Fenin presentó ante la Comisión tres propuestas a la actual proposición de modificación de la Ley 3/2004, centrándose en la inclusión de la morosidad como indicador del Observatorio de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en la modificación del procedimiento para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas y la incorporación de medidas impositivas para el cumplimiento de la ley. Según la secretaria general de Fenin, estas medidas optimizarían el cumplimiento de la ley para mejorar la productividad de las empresas, incrementar la capacidad de financiación del sector y de las administraciones sanitarias, fomentar las inversiones en I+D+i y evitar la destrucción de tejido industrial. Fenin recordó en su intervención que el sector de tecnología sanitaria agrupa a un total de 1.700 empresas en las que desarrollan su actividad más de 30.000 profesionales e invierte en I+D+i entre un 3 y un 6% de su facturación.
La morosidad como parámetro
La inclusión del parámetro de la morosidad en el Observatorio del Sistema Nacional de Salud permitiría, en opinión de Fenin, analizar la situación real de los servicios de salud y la gestión y los resultados de las políticas realizadas por las comunidades autónomas. Esta decisión no haría necesaria la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad, contemplada en el texto de modificación de la ley, ya que tal y como se plantea este organismo "no tendría ninguna capacidad ejecutiva, sólo informativa, algo que pueden hacer los organismos ya existentes a nivel autonómico y central", declaró Alfonsel.
En cuanto al procedimiento para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas, Fenin sugirió la posibilidad de extender la aplicación del artículo correspondiente al proceso de reclamación de intereses de demora de las facturas cobradas con retraso. Según indicó la secretaria general de Fenin introducir estas modificaciones "supondría un ahorro de tiempo de entre dos y cinco meses en la tramitación del proceso". Finalmente la patronal de empresas de tecnología sanitaria propuso ante la Comisión del Congreso un nuevo artículo para la inclusión de medidas impositivas de aplicación de la ley, basado en que el abono de los intereses de demora o los costes de cobro den lugar a la instrucción del correspondiente procedimiento para determinar la causa del impago en plazo y exigir responsabilidades al personal al servicio de la administración que lo hubiera motivado. |
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